Por Gustavo Espinoza M.

La congresista Khaty Ugarte. Integrante de una supuesta “bancada de Izquierda”, presentó un proyecto destinado a disponer el traslado de presos peruanos a las cárceles de Nayib Bukele, en El Salvador. La decisión, está incursa en un debate en el que participan con entusiasmo sectores de opinión intoxicados por la ola delictiva que agobia al país.

Creen que el Carcelero de América tiene en sus manos la llave de la paz y que, sus fórmulas mágicas, nos ayudarán a aliviar la violencia que se cierne sobre los hombros de los peruanos. Por eso, en la campaña electoral que se inicia, más de un candidato se oferta como “el Bukele” de estas tierras.

No debiera sorprender que se piense en ese país de Centroamérica en circunstancias como ésta. Después de todo, Donald Trump fue el primero en vender la idea enviando a los presidios de allá a centenares y aún miles de migrantes latinoamericanos que vivían ilegalmente en los Estados Unidos.

Por razones ideológicas, el mandatario yanqui optó por esa vía para castigar con particular fiereza a los venezolanos sin reparar siquiera que se trataba de personas que precisamente se habían ido al Norte para “hacer su América” dado que en su patria llanera habían encontrado dificultades que no querían enfrentar.

No le importó al señor Trump enviar “por error” a personas que no estaban en el marco de las disposiciones dictadas por su régimen para ser expulsadas de Yanquilandia. Consideró que ese “margen de error” era previsible y que se podría subsanar si su partner Bukele asentía en tal sentido.

Este, por su parte, sostuvo que si el Mandatario de Washington había incluido a alguien en la lista -aunque fuese por error- había que respetar tal decisión. De ese modo, el carcelero salvadoreño se confesó preso incluso de los yerros de la Casa Blanca.

Para Bukele, tener presos extranjeros en su país, no es sólo una diversión. Es también un negocio. Y así lo sostuvo cuando confesó que gracias a la iniciativa, él podría financiar la permanencia de las cárceles que había ideado, sin que le costara un centavo a su régimen. En otras palabras, que El Salvador podía ser la cárcel de América comenzando por los Estados Unidos, pero ofreciendo sus servicios a todos los países que tuvieran carne de presidio en oferta.

A ella, se ha acogido aquí la congresista de la “Bancada Magisterial” con una propuesta aplaudida a rabiar por “Expreso” y saludada por el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, a más de Willax TV.

¿Que tendrá en la cabeza esta parlamentaria que llegó a ser episódicamente ministra de Pedro Castillo en su momento? ¿Tendrá idea del descomunal error que ha cometido al suscribir ese “proyecto” que dará en la yema del gusto a todos los carceleros que pululan en nuestra tierra? ¿Tendrá en cuenta el tipo de régimen que tenemos en el Perú, capaz de convalidar su propuesta que cae como pera en dulce ante los ojos de los represores de turno y que es capaz de mandar a los presidios salvadoreños a sus adversarios políticos hoy o mañana?

Lo primero que debiera entender la legisladora de nuestro tiempo es que la ola delictiva forma parte y está integrada al “modelo” en descomposición que tenemos que destruir para salir adelante. No será metiendo más gentes en las cárceles, ni construyendo nuevas, ni exportando delincuentes, como resolveremos este asunto que tiene que ver con la esencia del régimen que nos gobierna.

Y es que tenemos un gobierno que no solamente no combate la delincuencia, sino que la usa como cortina de humo para distraer la atención ciudadana mientras roba a manos llenas, borra las líneas de Nazca para hacer negocios con la minería, aprueba viajes de Dina al exterior, concede ingentes privilegios tributarios a los agroexportadores en los marcos de la “ley Chimpler” y nombra nuevos funcionarios con antecedentes penales.

Por lo demás, la alienta, la apaña y la protege. Y la señora Ugarte podría percibirlo tan sólo revisando las leyes que ha aprobado el Congreso del que forma parte. Como se ha demostrado hasta la saciedad, por lo menos ocho leyes han sido aprobadas en las últimas semanas para favorecer abiertamente la actividad delictiva. Y hay otras que aún están en agenda.

Todos sabemos que cuando un delincuente “grande” comete un delito trascendente, tiene solo dos caminos: se queda en el país, o emigra. Si se queda, tendrá casi asegurada su libertad en calidad de “prófugo de la justicia”. Si emigra, será capturado irremediablemente como ha ocurrido con varios detenidos ya en Colombia, Chile o Brasil.

El país ha visto espectáculos inéditos: recientemente la señora Boluarte encabezó una ceremonia solemne en la que hizo entrega formal de siete mil fusiles a la PN para “combatir a la delincuencia”. Hoy se sabe que los entregó sin balas, razón por la que están guardados y sin uso. Tendrán balas cuando se trate de enfrentar manifestaciones populares pidiendo la renuncia de Dina Boluarte.

También se sabe que el gobierno protege impunemente a los mineros ilegales, deroga las disposiciones referidas a la extensión de dominio, elimina penas para ciertos delitos o disminuye condenas en función del reo. ¿Cuántos delincuentes han sido liberados por este gobierno en los años de su gestión? ¿Cuántos ministros o altos funcionarios del Estado han alcanzado sus nombramientos registrando antecedentes delictivos en sus “hojas de vida”? ¿Acaso no lo sabe la congresista Ugarte?

Adicionalmente es bueno que se conozca un hecho: Esta “ola delictiva” que azota nuestros países es alimentada artificialmente desde el exterior, pero no por “organizaciones criminales” que actúan autónomamente, sino por otros intereses.

Estados Unidos está empeñado en dominar militarmente la región en la mira de un conflicto mundial con China y Rusia. Y para ese efecto necesita plagar el continente de bases militares propias. Por eso hace muy poco el Congreso Ecuatoriano aprobó una iniciativa para conceder al gobierno norteamericano el establecer en territorio del Guayas una Base Militar yanqui. ¿El pretexto?: la ayuda orientada a “combatir la ola delictiva que afecta al Ecuador”.

En definitiva, lo que se busca es restaurar la antigua Base de Mantas, reivindicada ahora por el régimen proimperialista de Daniel Noboa.

¿En qué momento Dina Boluarte nos saldrá con la “necesidad” de recurrir a Estados Unidos para que instale bases militares en nuestro territorio para “disuadir” a las organizaciones criminales “operadas desde del exterior”? Por lo pronto, como para ir “alfombrando el camino”, autorizó ya varias veces el ingreso de tropas USA y hasta unidades navales yanquis a fin de que “se vayan acostumbrando” a operar en el país. ¿Lo recuerdan?

Por lo pronto, el carcelero de América podrá estar contento. Quizá reciba también dólares que paguen los contribuyentes peruanos para que mantengan sus cárceles siempre dispuestas al servicio de sus nuevos amos.

¿Percibirá ese juego la fracción parlamentaria de Kathy Ugarte?

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