Sobre la ley yanqui de “Poderes de Guerra”

Por Gustavo Robreño Dolz

A raíz de la intervención de Estados Unidos en apoyo a la agresión israelí contra Irán, muchos volvieron a recordar nuevamente la llamada “Ley de Poderes de Guerra” que rige en ese país imperial y fue aprobada a fines de la década de los 60 con el fin de controlar por parte del Congreso y así vincular constitucionalmente el envío de las fuerzas militares intervencionistas yanquis a guerras en el exterior, práctica convertida en habitual desde que ese país existe y alienta sueños hegemónicos sobre cualquier otra región del mundo.

El envío, a esas alturas, de más de medio millón de hombres como fuerza expedicionaria junto a los masivos bombardeos y ataques aéreos, formando parte de la intervención y agresión contra el pueblo de Vietnam- tanto del norte como del sur- estuvo entre las motivaciones del Congreso para regular esas acciones hasta entonces incontroladas del presidente Lyndon Johnson, en este caso.
Surgió así la citada “Ley de Poderes de Guerra” que prevalece hoy en la legislación imperial y sigue facultando al Presidente para el envío de fuerzas militares al exterior, siempre que lo notifique al Congreso dentro de las 48 horas posteriores y los cuerpos legislativos tendrán entonces un plazo de 60 días para una decisión definitiva que, no obstante, podrá ser vetada por el Presidente, como cualquier otra decisión congresional.

En este sentido, la brutal decisión de Donald Trump contra Irán no resultó una violación de lo que ya ese país tiene establecido “constitucionalmente”, según su propia ley.

De esa facultad intervencionista agresora se han valido otros mandatarios yanquis, como Ronald Reagan, los Bush (padre e hijo), William Clinton e incluso James Carter, cuando fracasó la incursión con helicópteros, también contra Irán.

La Ley de “Poderes de Guerra”, por tanto, legitima la agresión y la mantiene como una facultad presidencial, convirtiéndola en “Constitucional”, encubriendo las verdaderas intenciones hegemónicas de conquista.

Es una farsa, un engaño al propio pueblo norteamericano y a todos los que ingenuamente creyeron que Trump la había violado esta vez. Es una ley imperial que, lejos de impedirlo, facilita el procedimiento para perpetuar el intervencionismo, la agresión y la guerra, ignorando la Carta de Naciones Unidas y tergiversando groseramente el “derecho a la defensa” que la Carta reconoce como un derecho vinculante del agredido.

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