Por Santiago Masetti
La política exterior de los Estados Unidos otra vez se lanza contra América Central. Mientras, Honduras atraviesa por una serie de acontecimientos que ponen en evidencia la desesperación de los sectores conservadores ante un país que avanza hacia transformaciones profundas.
A pesar de las conspiraciones, chantajes y maniobras, la voluntad popular continúa afirmándose y encuentra en la candidata del oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, a una de sus principales voces.
No pasó desapercibido el anuncio del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que más de 50 mil hondureños serán deportados tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que en su origen provino de la era Trump, pero que hoy, paradójicamente, está siendo utilizada por congresistas estadounidenses y sectores de la oposición hondureña para responsabilizar al gobierno actual.
Una operación política y mediática que esconde cabildeos cuidadosamente articulados en Washington con el apoyo del oportunista Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, y diputados conservadores vinculados al Partido Nacional y al Partido Liberal, que buscan desprestigiar a la administración de Xiomara Castro ante un electorado que ya empieza a mirar hacia las urnas del 30 de noviembre próximo.
Pese a ello, el gobierno respondió con firmeza institucional y un programa muy acertado de apoyo a los migrantes deportados, políticas sociales sostenidas y un modelo económico que, en medio de grandes dificultades, empezó a mostrar señales de recuperación y justicia distributiva.
Pero lo más grave de la semana última se gestó en el corazón del proceso electoral. Marlon Ochoa, actual representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció una modificación silenciosa pero explosiva: el sistema de transmisión y verificación de actas fue alterado.
Hasta ahora, los resultados que surgían de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) iban directo a un sistema automatizado de conteo provisional. Hoy, ese flujo automático fue reemplazado por un sistema que exige la verificación manual de las actas por un equipo humano.
¿El problema? Ese «equipo humano» está dominado por los partidos que ya han demostrado su experticia en el arte del fraude: el Partido Nacional y el Partido Liberal. Como en 2013 y 2017, cuando las actas que favorecían a LIBRE eran desechadas por supuestas «inconsistencias», el nuevo procedimiento allana el camino para una nueva manipulación de los resultados.
La militancia oficialista de Libre se movilizó con rapidez y bloqueó los pliegos de licitación para evitar que el sistema se consolidara. En respuesta, el Congreso vivió una escena dantesca: cuando Ochoa quiso exponer la ilegalidad del procedimiento, fue acallado y rodeado por diputados del Partido Nacional, en una trifulca que recuerda lo peor de la política hondureña.
Mientras tanto, la Fiscalía recibe denuncias formales contra las dos consejeras del CNE (una liberal y una nacionalista) por tomar decisiones sin convocar al pleno, ni al propio Ochoa. La justicia, como pareciera ser una constante en este continente, opera y se empantana, pero los antecedentes son demasiado graves para mirar hacia otro lado.
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, fue contundente: “Los fiscales de Estados Unidos confirmaron los fraudes de 2013 y 2017. Se compraron votos. Se manipularon actas. Se usaron técnicos para falsear resultados. El crimen organizado penetró el sistema electoral y asesinó a 22 jóvenes durante las protestas”.
Moncada se convirtió no sólo en la candidata presidencial del oficialismo, sino en una figura que canaliza la esperanza de amplios sectores populares. Su campaña no solo denuncia el pasado oscuro del régimen anterior, sino que representa un proyecto de país basado en la equidad, la participación y la ampliación de derechos.
Ella hizo referencia al caso judicial 2418-91 del Distrito Sur de Nueva York, presentado el 30 de junio de 2025, en el que fiscales estadounidenses detallaron con precisión cómo el ex jefe de Estado, Juan Orlando Hernández, se robó dos elecciones con dinero del narco, manipulando software y servidores del Tribunal Supremo Electoral con apoyo de ingenieros informáticos y pandillas armadas.
“El problema no está en el voto, sino en el escrutinio y la transmisión. Allí se cocina el fraude”, advirtió Marco Ramiro Lobo, ex magistrado electoral al ser entrevistado en el programa televisivo Frente a frente. Con un sistema donde las actas son revisadas y validadas por funcionarios sin controles, el margen para la manipulación es absoluto. Las sombras del pasado están de vuelta, esta vez con manual nuevo, pero con los mismos protagonistas.
Honduras se encamina hacia una de las elecciones más decisivas de su historia reciente, y lo hace con un sistema electoral que intenta ser secuestrado por la derecha local, un Congreso cooptado y una oposición dispuesta a incendiarlo todo para no perder privilegios. El informe del Departamento de Justicia de EEUU. confirma lo que la calle gritaba desde hace años: hubo fraude, hubo muertos, hubo narcos.
Mientras tanto, el gobierno de Libre avanza, fortaleciendo el tejido institucional, devolviendo dignidad a los sectores históricamente excluidos y construyendo un país que ya no se rinde ante las amenazas. Si el Ministerio Público no actúa ahora, lo que está en juego no es sólo una elección, sino la viabilidad misma de la democracia hondureña.
Allá abajo, entre los escombros institucionales, los fantasmas del fraude esperan su tercer acto. Pero esta vez, Honduras no llega sola ni débil: llega con memoria, con pueblo, una excelente gestión y con liderazgo.
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