Por Frei Betto

Río de Janeiro convive con dramáticos episodios de pérdidas humanas, niveles récord de impunidad y retrasos en la rendición de cuentas judicial. A continuación, algunos casos emblemáticos:

La tragedia del Ninho do Urubu: en la madrugada del 8 de febrero de 2019, un incendio en el dormitorio improvisado del Clube de Regatas Flamengo, conocido como Ninho do Urubu, causó la muerte de 10 jóvenes atletas de las categorías de base y dejó a otros heridos. Entre las fallas identificadas se encontraban contenedores utilizados como dormitorios sin permisos de funcionamiento; ventanas con rejas que impedían la evacuación; evidencia de fallas eléctricas; y la ausencia de condiciones de seguridad adecuadas.
Sin embargo, en octubre de 2025, la Justicia de Río de Janeiro absolvió a todos los acusados en primera instancia, argumentando que no existían pruebas suficientes para individualizar la conducta y establecer un nexo causal con relevancia penal. Las familias de las víctimas reaccionaron con indignación y denunciaron lo que describieron como una «grave afrenta a la memoria de las víctimas». Afirmaron que la decisión refuerza la sensación de impunidad.

Masacre de Vigário Geral: el 29 de agosto de 1993, un escuadrón de la muerte compuesto por 36 encapuchados invadió la favela de Vigário Geral, en la Zona Norte de Río, asesinando a 21 personas, entre ellas ocho miembros de una familia. Agentes de la policía militar fueron acusados de estar involucrados. Décadas después, existe la percepción generalizada de que nunca hubo responsabilidad penal, un hecho que Amnistía Internacional califica de «impunidad».

Naufragio del Bateau Mouche: En la víspera de Año Nuevo, entre el 31 de diciembre de 1988 y el 1 de enero de 1989, el barco de recreo Bateau Mouche IV se hundió en la bahía de Guanabara. Murieron 55 personas. Las investigaciones identificaron varios factores: una embarcación reacondicionada de forma irregular, con exceso de pasajeros (se estima que había 150 personas en lugar de las 62 permitidas); fallas de mantenimiento; posible soborno a autoridades portuarias; y el hecho de que la inspección permitiera la salida a pesar de que existía un riesgo evidente.

A pesar de la gravedad y las repercusiones, solo dos de los ocho socios de la empresa propietaria fueron condenados en segunda instancia y huyeron al extranjero. Varios casos de evasión fiscal han prescrito. Treinta y seis años después, aún no se ha ejecutado la sentencia ni se ha exigido responsabilidad. Las familias de las víctimas siguen esperando compensación y justicia.

Masacre de Acari: en 1990, once personas fueron secuestradas y desaparecieron en la Baixada Fluminense. El 4 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado brasileño por su omisión en la investigación y la rendición de cuentas. El sistema judicial tardó décadas en reconocer cualquier tipo de responsabilidad. Para muchos, la responsabilidad penal o civil no se correspondía con la gravedad del daño. La impunidad se manifiesta en la ausencia de un resultado justo y en la larga espera de las familias.

Derrumbe del Edificio Palace II: en la madrugada del 22 de febrero de 1998, el Edificio Palace II en Barra da Tijuca se derrumbó parcialmente, causando la muerte de ocho personas y el desplazamiento de más de 120 familias. Los informes apuntaron al uso de arena de playa en la estructura, errores de cálculo, falta del obligatorio permiso de ocupación, entre otras irregularidades. La empresa responsable fue la Construtora Sersan, propiedad del entonces diputado federal Sérgio Naya.

En 2002, Naya fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en régimen abierto, pero la pena fue sustituida por una multa y servicios comunitarios. Recién en 2022, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) determinó que aproximadamente 30 millones de reales procedentes de la venta del terreno debían asignarse a más de 120 familias. Muchas aún no han recibido el dinero o están a la espera de su ejecución.

El caso se convirtió en un símbolo histórico de la confluencia entre la construcción irregular, la élite política y la baja rendición de cuentas.

Los cinco casos expuestos reflejan un patrón preocupante en Río de Janeiro: graves fallos que causan muertes o pérdidas materiales; investigaciones que se prolongan o no logran un castigo efectivo; familias abandonadas a merced de largos procesos civiles o indemnizaciones incompletas; y una sensación colectiva de injusticia.

Algunos indicadores refuerzan este diagnóstico: una encuesta de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro muestra que, entre 1999 y 2023, más de nueve mil investigaciones sobre la muerte de niños, niñas y adolescentes en el estado siguen sin concluir. La impunidad no se limita a la falta de condenas, sino también a la demora, la falta de aplicación de las leyes y la falta de responsabilidad social.

Cada vida perdida o daño causado requiere reparaciones y una verdadera rendición de cuentas por parte de los responsables. Sin esto, el sufrimiento continúa. Si nadie reacciona, quienes tienen el poder de actuar (empresas constructoras, clubes, empresas de transporte, el Estado) quedan sin rendir cuentas. La responsabilidad se vuelve abstracta y la gestión de riesgos sigue siendo deficiente.
Cuando los sistemas judiciales, regulatorios y de supervisión fallan repetidamente, la confianza pública se desmorona. Esto debilita el pacto social, legitima la impunidad y erosiona la democracia.

Muchos casos involucran a víctimas socialmente vulnerables o en situaciones de riesgo, como jóvenes deportistas, trabajadores asalariados y residentes de la comunidad. La falta de rendición de cuentas exacerba las desigualdades.

Una investigación de la ONG Movimento Rio de Paz indica que, desde 2007, al menos 113 niños han muerto en el estado de Río por disparos, muchos de ellos como resultado de operativos policiales o balas perdidas. Mientras tanto, un informe de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro muestra que, entre 1999 y 2023, de las 15 mil 614 investigaciones sobre muertes de niños, niñas y adolescentes en el estado, aproximadamente nueve mil 428 (60 por ciento) siguen sin resolverse, con un tiempo promedio de procesamiento de casi 10 años.

Un estudio del Grupo de Investigación Electoral de UniRio revela que 23 políticos han sido asesinados desde 2018 en el estado. En 14 de estos casos, las investigaciones no concluyeron y los perpetradores siguen sin ser identificados. Esta situación fomenta la intimidación de candidatos, las acciones de milicias y otros actores violentos. La impunidad socava el funcionamiento de la democracia y legitima la criminalidad.

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