Por Frei Betto

Un nuevo paradigma legal y cultural está cobrando fuerza a nivel mundial, desafiando la visión tradicional de la naturaleza como un mero recurso para ser explotado.

En dos rincones opuestos del planeta- la Amazonía brasileña y las islas aisladas de Nueva Zelanda- surgen experiencias pioneras que tratan a los ecosistemas no como propiedades, sino como entidades vivas con derechos. Este movimiento trasciende la mera regulación ambiental y refleja un profundo cambio ético respecto a nuestro lugar en el mundo natural.

En el municipio de Guajará- Mirim, enRondônia, el río Laje (o Komi Memen, como lo conoce el pueblo indígena Wari) se convirtió, en 2023, en el primer río brasileño en ser reconocido legalmente como “entidad viva y sujeto de derechos” por la legislación municipal.
La legislación establece que el río posee derechos intrínsecos, independientemente de su utilidad para los seres humanos. Estos incluyen: mantener su caudal natural en cantidad suficiente para la salud del ecosistema; nutrir y ser nutrido por el bosque ribereño y los bosques circundantes; existir con condiciones físicas y químicas que garanticen su equilibrio ecológico; interrelacionarse con los seres humanos a través de prácticas espirituales, ocio, pesca artesanal y cultura.

El proyecto fue concebido y propuesto por el concejal y líder indígena Francisco OroWaram, reflejando la cosmovisión de su pueblo, que considera al río una entidad sagrada y vital.

La ley es una herramienta de defensa contra amenazas concretas, como los proyectos hidroeléctricos, el avance de la siembra de soja con el uso de pesticidas, la deforestación y la pesca ilegal. Para garantizar su aplicación, se prevé la creación de un Comité de Guardianes, formado por indígenas, pescadores, académicos y otros representantes de la comunidad, que actuará como la “voz” del río en los procesos de toma de decisiones.

En Nueva Zelanda, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza tiene profundas raíces en la cultura maorí. El concepto de “kaitiakitanga”- la idea de que los seres humanos son guardianes o administradores de la Tierra, responsables de cuidarla para las generaciones futuras- es un pilar fundamental de la sociedad y la política ambiental del país.

El ejemplo más emblemático es el ríoWhanganui, que en 2017 se convirtió en el primer río del mundo en recibir personalidad jurídica. El acuerdo, fruto de siglos de lucha por parte de la tribu Whanganui Iwi, reconoce al río como una “entidad viva indivisible” que incorpora todas sus características físicas y metafísicas, y está representado por dos guardianes: uno del gobierno y otro de la tribu.
Además de este hito legal, Nueva Zelanda ha desarrollado una cultura de conservación intensa y práctica, esencial en un país donde aproximadamente un tercio del territorio está legalmente protegido. El país tiene una de las tasas de endemismo más altas del mundo (71 por ciento de aves, por ejemplo).

El endemismo es el fenómeno biológico en el que una especie de ser vivo (animal, planta, etc.) está restringida y se encuentra exclusivamente en un área geográfica específica, como una isla, un país o un bioma.

No existe de forma natural en ningún otro lugar del mundo, lo que constituye un indicador importante de la biodiversidad única de una región. Amenazadas por la llegada de depredadores introducidos, como ratas y mustélidos (comadrejas, hurones, nutrias y nutrias gigantes), estas especies son objeto de esfuerzos para protegerlas.

En Nueva Zelanda, la liberación de aves recuperadas es un evento mediático que involucra a las escuelas. Las familias participan en proyectos a largo plazo, creando un ciclo de concienciación que se extiende a lo largo de las generaciones.

El país invita a todos los visitantes a actuar como guardianes, protegiendo la naturaleza, las culturas locales y viajando con seguridad. Las pautas prácticas incluyen mantener la distancia con la fauna silvestre, no alimentar a las aves y limpiar el calzado para prevenir la propagación de enfermedades.

Aunque los contextos geográficos y culturales son distintos, las iniciativas de Rio Laje y Nueva Zelanda comparten una base filosófica común: la transición de una visión antropocéntrica (donde la naturaleza existe para servir a la humanidad) a una visión ecocéntrica (donde la naturaleza tiene su propio valor y la humanidad forma parte de un sistema interconectado).

Esta perspectiva es una traducción jurídica de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y tradicionales, para quienes los ríos, las montañas y los bosques son entidades vivas y sagradas. Reconocer los derechos a la naturaleza empodera a estas comunidades al proporcionarles un nuevo y poderoso instrumento legal para defender sus territorios y formas de vida.

Para ambas experiencias, el camino a seguir presenta desafíos. En el caso del río Laje, se está poniendo a prueba la aplicación efectiva del derecho municipal y su capacidad para frenar los grandes intereses económicos.

En Nueva Zelanda, la lucha contra las especies invasoras y el mantenimiento de santuarios continúa. Sin embargo, la lección más valiosa ya se ha aprendido: la protección más eficaz de la naturaleza comienza cuando dejamos de verla como “algo” y comenzamos a reconocerla como “alguien” con quien mantenemos una relación de interdependencia y responsabilidad mutua.

En 2010, participé en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida, en Cochabamba, Bolivia.
En su discurso, el presidente Evo Morales argumentó que la ONU debería formular una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, tal como proclamó en 1948 sobre los Derechos Humanos. El tema de los derechos de la naturaleza tiene otros casos paradigmáticos.

En India, los ríos Ganges y Yamuna recibieron la personalidad jurídica propia, similar al río Whanganui.

Ecuador (2008) y Bolivia (2010) fueron pioneros en incorporar los derechos de la naturaleza en sus constituciones nacionales.
En Brasil, además del río Laje, otras ciudades como Bonito (Pernambuco), Florianópolis (Santa Catarina) y Serro (MinasGerais) también cuentan con legislación que reconoce los derechos de la naturaleza.

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