Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*
Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
Entre 1979-2017 Ecuador ha vivido la etapa más larga de regímenes constitucionales, un proceso que contrasta con el pasado, cuando el país tuvo una historia similar al conjunto de América Latina, con oleadas de constitucionalismo, dictaduras, caudillos o revoluciones.
La Revolución Ciudadana bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) no sólo forma parte de esta singular etapa, sino que surgió bajo una serie de contextos.
Después de las décadas “desarrollistas” de 1960 y 1970 y tras las dictaduras petroleras de esta última, el retorno a la democracia institucional parecía fortalecer una tendencia progresista; pero la crisis de la deuda externa desde 1981/82, seguida del progresivo e indetenible avance del modelo empresarial/neoliberal de economía, liquidaron el ascenso social.
Además, los partidos y la clase política del momento pasaron a controlar las funciones del Estado en beneficio propio. Esa combinación entre economía y política aceleró la desinstitucionalización del Estado, pero sobre todo deterioró sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población nacional porque se consolidó un sistema que, en plena época de globalización transnacional y derrumbe del socialismo, dio el triunfo al capital, beneficiando en Ecuador a una elite que concentró la riqueza y el poder como en ninguna otra época.
Finalmente se perdió todo sentido de latinoamericanismo, soberanía y hasta decoro y dignidad nacionales, por la subordinación al FMI, a los intereses imperialistas y a los principios del mercado libre con empresa privada absoluta.
Fue la reacción contra esas condiciones la que condujo al cambio: el triunfo presidencial de Rafael Correa apoyado por el sector progresista, democrático y de toda la izquierda nacional, la Asamblea Constituyente, la Constitución de 2008 y el nuevo poder ciudadano en el control del Estado, incluso bajo condiciones prometedoras, por los altos precios de los bienes de exportación y sobre todo del petróleo, del cual dependía la economía del país.
Superar las herencias resultó una obra titánica, porque comenzaron a ser afectados, no solo los antiguos sectores del poder sino tradicionales grupos políticos y movimientos sociales, acostumbrados a sus propias prebendas.
Con el avance de la Revolución Ciudadana, el modelo empresarial/neoliberal fue rápidamente superado por una economía social CON mercado (término operativo para caracterizar un “modelo” que también se diferencia de la economía social DE mercado europea), cuyos rasgos han servido para que se le bautice erróneamente como neodesarrollismo, neoestructuralismo, neokeynesianismo y hasta postcapitalismo.
Ha sido fundamental el fortalecimiento de las capacidades estatales, la acción regulatoria del Estado, la consolidación del régimen redistributivo de los impuestos y las inversiones en obras públicas que durante una década transformaron las infraestructuras del país en forma inédita, así como también potenciaron, como nunca antes, los servicios públicos en varias áreas: educación, salud, atención médica, seguridad social y vivienda.
También fue superado el antiguo Estado-de-partidos, con la nueva constitucionalidad basada en el poder ciudadano (otro término por el momento operativo), el presidencialismo fortalecido, la nueva institucionalidad entre las funciones del Estado, y el apoyo del sector progresista y democrático de la sociedad en 14 procesos electorales, que refleja una multiplicidad clasista, sobre cuya base se recuperaron los principios de soberanía, orgullo y dignidad nacionales.
La incomprensión de estos cambios en el régimen político también ha conducido a que se revivan viejos conceptos sociológicos para caracterizar al gobierno del “correísmo”, desde perspectivas subjetivas y meramente conceptuales, como populista, caudillista, paternalista, hiperpresidencialista, etc., y hasta autoritario.
De todos modos, el proceso de la Revolución Ciudadana debe ser observado como una sucesión de distintos momentos, porque entre 2007-2008 se ubicó la reforma constitucional; entre 2009-2013 la estabilización de los objetivos y reformas; entre 2013-2014 la institucionalización hegemónica de Alianza País; pero entre 2015-2016 la recesión económica, que solo desde 2017 empieza a girar por los índices de recuperación existentes.
Por consiguiente, en la perspectiva de amplio plazo la Revolución Ciudadana inauguró un nuevo ciclo en la historia política del Ecuador, que se inscribió en el marco de los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda en América Latina, región con la que el presidente Correa mantuvo una identidad permanente.
Las transformaciones económicas y sociales han sido resaltadas por informes y estudios de la Cepal, el Pnud, el BM y hasta el FMI, que observaron la disminución de la pobreza, el progreso en la equidad y redistribución de la riqueza, así como la atención en los servicios estatales; la obra de gobierno fue reconocida en foros académicos y políticos internacionales; el liderazgo de Rafael Correa igualmente exaltado por las universidades que le otorgaron 15 doctorados Honoris Causa.
Como ha ocurrido con otros gobiernos latinoamericanos guiados por orientaciones de nueva izquierda, el gobierno de la Revolución Ciudadana despertó poderosas fuerzas de oposición: el imperialismo, las élites económico-empresariales, el partidismo y el movimientismo tradicionales, los medios de comunicación mercantiles, y hasta un sector de la izquierda que en la segunda vuelta electoral de 2017, incluso, llamó a votar por un candidato de la banca o creó los conceptos fundamentales (allí estuvieron los marxistas pro-bancarios) para combatir al “correísmo”.
Desde luego, quedaron una serie de políticas por atender: los triunfos electorales no promovieron una democracia más participativa y directa; ha sido insuficiente el apoyo al sector de economía social y solidaria; no se cumplió con la reforma agraria aspirada por el campesinado; fueron conflictivas las relaciones con las dirigencias de los trabajadores, indígenas y otros sectores sociales; también quedaron problemas de burocratismo y excesiva centralización; en los dos últimos años se flexibilizaron ciertos derechos laborales y se giró a decisiones demasiado favorables al sector privado; se estabilizó un “capitalismo social”.
Por sobre los límites, en una década Ecuador se transformó. Y el triunfo del presidente Lenín Moreno, con hegemonía política de Alianza País, evitó el retorno de los intereses de la ultraderecha económica y política.
Con el presidente Moreno, Ecuador ha comenzado una nueva fase en el proceso de la Revolución Ciudadana, bajo la expectativa de América Latina y las esperanzas nacionales que confían en la continuidad a favor de la consolidación y profundización de los logros de una década indudablemente ganada para la historia nacional.
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