Por Guillermo Castro H. *
Para Firmas Selectas de Prensa Latina
El futuro en curso en Panamá debe ser contemplado a partir del hecho que lo inaugura: el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. Ese hecho culminó el proceso de restauración oligárquica iniciado en 1981, tras la muerte del General Omar Torrijos, y la despiadada lucha entre grupos de poder por el control de los beneficios de la integración del Canal de Panamá a la economía nacional, que caracterizó el resto de la década.
En el plano político, la muerte del General Torrijos llevó a sus sucesores en el mando de las fuerzas armadas, y a la burguesía burocrática formada bajo su gobierno durante la década de 1970, a desconocer el acuerdo -establecido por Torrijos con los principales grupos conservadores y empresariales del país- para culminar la negociación del Tratado Torrijos-Carter con un proceso ordenado de restauración de la democracia liberal en el país. Esa alteración se hizo evidente ya en las elecciones presidenciales de 1984, que un año después llevó a las fuerzas armadas a derrocar al presidente que habían impuesto al país y, en 1988, a su vicepresidente y sucesor.
Ello alteró el mecanismo subyacente en las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá desde la firma del Tratado Hay-Buneau Varilla, en 1903. El control monopólico de la renta canalera por los Estados Unidos, al amparo de aquel Tratado, y la condición de protectorado que impuso a la sociedad panameña, generaron una disputa que perduró a todo lo largo del siglo XX y fue manejada mediante negociaciones sucesivas entre ambos países.
De esas negociaciones destaca el hecho de que todos los Tratados que modificaron el de 1903 (en 1936, 1955 y 1977) fueron precedidos por golpes de Estado en Panamá -en 1931, 1951 y 1968- y firmados por participantes en esos golpes. A cada uno de esos, que ampliaron la participación panameña en la renta canalera, primero, y la transfirieron finalmente al país, siguieron períodos de restauración y crisis democrática, en una suerte de ciclo que el Tratado Torrijos-Carter debió haber culminado.
Sin embargo, la liquidación del monopolio norteamericano sobre la renta canalera no resolvió la disputa por esta, sino que la trasladó al interior de la sociedad panameña. El golpe de Estado de 1989 la resolvió a favor de la oligarquía conservadora. La contundencia de esa solución se aprecia en dos hechos.
En primer lugar, Panamá realizará este 2019 su séptima sucesión presidencial mediante elecciones, desde 1989, en todas las cuales han vencido partidos políticos estrechamente vinculados con el sector empresarial. En segundo, a treinta años de entonces, en el país convergen un crecimiento económico incierto, una desigualdad social persistente, una degradación ambiental constante y un deterioro institucional creciente. En breve, está agotado, y en descomposición, el Estado surgido de aquel golpe y todos los sectores sociales demandan de un modo u otro su reforma.
Esa demanda se expresa, en lo más visible, en el consenso sobre la necesidad de modificar la Constitución vigente en el país. Unos plantean hacerlo mediante una Asamblea Constituyente Originaria; otros, con una Constituyente paralela, que desempeñe su papel sin modificar el orden vigente, y otros más reclaman reformas limitadas a los poderes judicial y legislativo, debatidas y aprobadas por la Asamblea Nacional.
Aquí cabe atender, de nuevo, lo advertido por José Martí a fines del XIX: a lo real hay que atender, no a lo aparente, y en política lo real es lo que no se ve. En lo aparente, el debate en curso es ante todo legal. En lo que no se ve, sin embargo, se vincula sobre todo con las contradicciones que el Estado oligárquico ha generado de 1990, y que ya no es capaz de procesar y mucho menos resolver.
Dichas contradicciones se derivan de tres hechos principales. Uno es la integración del Canal a la economía interna. Otro, la creciente integración del país a la economía global, y el tercero, la gestión de esos procesos desde una estricta visión neoliberal. El primero aceleró el desarrollo del capitalismo en Panamá; el segundo ha hecho del capital financiero el factor dominante en ese desarrollo, y el tercero ha creado una de las sociedades más inequitativas de nuestra América.
Hoy, el cambio constitucional se presenta como una necesidad para solventar finalmente la disputa por la renta canalera en Panamá entre los sectores fundamentales de la vida nacional. Allí se encuentra la razón fundamental de las diferencias en torno a ese cambio.
En 1994, el Estado panameño aprobó un título constitucional destinado a garantizar una administración del Canal que protegiera la vía interoceánica de los apetitos de la política partidista, y garantizara su control por el sector empresarial. Cualquier proceso constituyente abriría a debate público ese título, y pondría en la mesa de negociación opciones que pueden ir, desde la privatización del Canal -como el presidente de Brasil propone hacer con Petrobrás- hasta la de definir, en términos mucho más inclusivos, el papel del Canal en un proyecto nacional que haga de la renta canalera un medio para el desarrollo integral del país, como el presidente de México propone hacerlo en su tierra: con los pobres primero, por el bien de todos.
La liquidación del monopolio norteamericano sobre la renta canalera no resolvió la disputa por esta, sino que la trasladó al interior de la sociedad panameña. Aquí, ahora, Omar coincidiría con Martí que, en política, no hay sorpresa sino sorprendidos; y que, procesos de transformación de pueblos en naciones, como el que vamos viviendo, operan como la sierra del carpintero: hacia delante y hacia atrás, pero cortando siempre.
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