Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
* Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
Entre 1929 y 1933 los Estados Unidos vivieron la más grave crisis económica, que arrastró a otras naciones capitalistas. Las fórmulas liberales y tradicionales no sirvieron para solucionarla. Hasta que llegó a la presidencia el demócrata Franklin D. Roosevelt (FDR-1933-1945) quien, contando con la asesoría de académicos de la Columbia University, inauguró el “New Deal”, un conjunto de políticas económicas cuya prioridad fue la atención a millones de desocupados, y a gente en la miseria, sobre la base de generar empleo.
Los bancos fueron intervenidos para garantizar a los depositantes; las empresas industriales, vigiladas por el gobierno, debieron establecer códigos de competencia, precios, horas de negocio; fueron perseguidos los comerciantes inescrupulosos; los agricultores (previo subsidio) fueron obligados a reducir la producción.
Al mismo tiempo, se mantuvo la inflación sobre precios de ciertos productos; se suspendió el patrón oro; y, además, se inició un vasto plan de inversiones estatales, despertando el trabajo en obras públicas, caminos, limpieza de parques, playas, plantación de árboles, reparar, pintar, construir casas, edificios públicos, piscinas, hospitales, aeropuertos, escuelas, proyectos de riego, electrificación, empleo de jóvenes en bibliotecas, oficinas, universidades, fomento del empleo temporal, etc.
En forma inédita, se sancionó despidos de trabajadores; se introdujo la seguridad social, así como pensiones por desempleo, salud y jubilación; fueron elevados los impuestos (taxes) como el de la renta, argumentando la injusta distribución de la riqueza como parte de la crisis; pero también se dictaron leyes para garantizar salarios mínimos, elevarlos, proteger sindicatos, contratos colectivos y otros derechos laborales. En los primeros cien días, la crisis fue controlada.
El “segundo New Deal” se inició en enero de 1935, con el propósito de profundizar las reformas: el Acta sobre Seguridad Social estableció beneficios para los trabajadores retirados, seguro para los desempleados, un programa de salud general, el de bienestar para niños y el de asistencia para ancianos, que debía ser cubierto con aportes de los empresarios y los trabajadores con empleo; el fondo para el seguro de desempleo fue financiado a través de un impuesto especial cobrado compulsivamente a los patronos.
La Administración para el Progreso de los Trabajadores (WPA) también se ocupó del trabajo para los artistas: con apoyo del Teatro Federal se organizaron exhibiciones y, por primera vez, corredores y salas de los edificios públicos fueron adornados con grandes murales pintados por artistas. A fines de 1935 cerca de 20 millones de norteamericanos contaban con alguna forma de asistencia pública.
En la mentalidad norteamericana de la época, semejantes políticas significaban una ruptura con la visión liberal y, en consecuencia, el New Deal y el propio presidente Roosevelt fueron acusados de “comunistas”. Resultaba algo insólito que un presidente denunciara abiertamente “la injusta concentración del bienestar y el poder económico” en manos de una pequeña fracción de la población norteamericana.
Pero FDR logró del Congreso la aprobación de un elevado impuesto sobre las rentas de los individuos y las corporaciones; y para evitar su evasión, incrementó el impuesto a las donaciones. Con razón los opositores escandalizaron en contra de lo que llamaban un “desplume a los ricos”. Sin embargo, fueron las medidas descritas las que permitieron salir de la crisis y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los norteamericanos que, con razón, reeligieron a Roosevelt por tres ocasiones sucesivas.
Varias de las políticas del New Deal coincidieron con lo que en América Latina intentaron los gobiernos y políticos “populistas” y reformistas de aquellos años. En Ecuador, la Revolución Juliana (1925-1931) inauguró el intervencionismo económico estatal y las políticas sociales y laborales, algo que en Chile ejecutaron por partes y entre incidentes institucionales, tanto el gobierno de Arturo Alessandri, como las juntas militares de la joven oficialidad, en un período que va de 1920 a 1925.
En Brasil, los jóvenes militares iniciaron, en 1922, las intermitentes movilizaciones del tenentismo, que desembocaron en la revolución de 1930 y los continuados gobiernos de Getulio Vargas (1930-1934), la dictadura del Gobierno Provisional (1934-1937), el Gobierno Constitucional (1939-1945), el Estado Novo y más tarde, entre 1950-1954 como gobierno electo. Fueron momentos de un proceso que transformó al país con la modernización económica y la reforma social.
Procesos parecidos desde la década de 1920 hubo en Costa Rica, Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú -donde apareció el APRA fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Comunista fundado por José Carlos Mariátegui-; en Argentina, con la Unión Cívica Radical, se desembocó finalmente en el ascenso de Juan Domingo Perón (1946-1955); y en México, fue decisivo el papel nacionalista del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940).
Se trató de una época histórica que se caracterizó por la lucha contra los regímenes oligárquicos, a fin de modernizar a las sociedades, pero, ante todo, promocionar a las masas y al creciente movimiento obrero, lo cual explica las políticas sociales y el impulso a la redistribución de la riqueza mediante el sistema tributario directo. Todos los gobiernos reformistas y populistas fueron tildados de “comunistas”, en un intento por detener el avance social y las políticas de Estado.
Los gobiernos progresistas en América Latina, que abrieron un nuevo ciclo histórico en la región al iniciarse el siglo XXI, han sido, en mucho, continuadores, bajo nuevas circunstancias, de aquellas visiones económicas y de las políticas sociales y laborales de ese pasado reformista y populista que caracterizó a la región, con distintos ritmos, desde 1920.
Volviendo a los EE.UU. de la actualidad, hay dos figuras políticas que toman inesperada relevancia interna y externa: Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).
Sanders (78 años), actual senador, ya fue candidato a las primarias del Partido Demócrata en 2016 y su campaña despertó una inédita atención nacional por sus posiciones: crítica radical a la diplomacia exterior de los EE.UU., abogar por un socialismo democrático que resalta a los países europeos nórdicos, plantear la seguridad social universal y un sistema de medicina gratuita, el reparto de la riqueza, más impuestos a los ricos y amplias políticas sociales y laborales. Sanders está en campaña para lograr la presidencia de los EE.UU. en 2020.
De otra parte, la joven AOC (30 años), que podría ser otra candidata presidencial por el Partido Demócrata, es miembro de la organización Socialistas Democráticos de América, propone un “Green New Deal” (si bien cuestiona los límites que tuvo el programa original de FDR), cuestiona el capitalismo y defiende la sanidad universal, la universidad pública gratuita, el control de armas de fuego y amplias medidas sociales y ambientales.
Estas dos figuras han vuelto sobre el camino histórico marcado por FDR, para tratar de impulsar en el país otra conducción económica y social que, de triunfar, alteraría el que luce hasta hoy como un capitalismo imperialista clásico e invencible. Y como las ideas socialistas, de la mano de Sanders y de AOC, pero también por una creciente cultura de izquierda entre los jóvenes de las nuevas generaciones, parecen cada vez más influyentes, las inquietudes políticas y oficialistas se han disparado a tal punto que el documento The Opportunity Costs of Socialism (https://bit.ly/2ySJwkA, octubre, 2018), preparado por el Consejo de Asesores Económicos (CEA) para el presidente Donald Trump, trata de desmontar y descalificar cualquier propuesta de “socialismo” para los EE.UU.
Pero, si se observan con cuidado tanto las propuestas del antiguo New Deal de FDR, como las de Sanders y de AOC, se podrá concluir que en América Latina las derechas políticas y económicas tampoco están dispuestas a consentir un camino “socialista” como el que se plantea en los EE.UU. Neoliberales y derechistas son incapaces de comprender las experiencias históricas del New Deal, de modo que resulta inútil pedirles medidas alternativas a las consignas aperturistas y a los intereses privados de las elites empresariales.
Y aquí, en la región, el ciclo conservador y reaccionario que se vive, no tiene la más mínima intención por imponer las regulaciones del Estado sobre el capital, los fuertes impuestos redistributivos de la riqueza y tampoco leyes que garanticen y amplíen los derechos sociales y laborales. La admiración, y hasta la subordinación de las burguesías latinoamericanas a los EE.UU., les impide apreciar tanto al viejo New Deal como al avance de las ideas del nuevo “socialismo” norteamericano.
ag/jpm
*Historiador y analista ecuatoriano.
