Por Juan J. Paz y Miño
*Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
Hace una semana se difundió una interesante noticia: Thomas Piketty, el economista francés, autor del exitoso libro El capital en el siglo XXI (2013), acababa de publicar su nueva obra titulada Capital e ideología, que ha circulado en francés, aunque se espera su pronta aparición en otros idiomas. De acuerdo con las referencias internacionales, en ella el autor examina las ideas que, a lo largo de la historia, han justificado las desigualdades sociales.
A propósito del libro, en una reciente entrevista difundida por la agencia France-Press, Piketty afirma que es necesario superar el “hipercapitalismo” actual y se refiere, en forma particular, a las décadas de 1980 y 1990, cuando el neoliberalismo triunfó en el mundo, señalando, exactamente: “La revolución conservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, así como la caída del comunismo soviético, dieron una especie de impulso a una nueva fe, a veces ilimitada, en la autorregulación de los mercados, la sacralización de la propiedad” (https://bit.ly/2kGk8vE). En ese marco la desigualdad, en términos sociales y de riqueza, se consolidó.
Ahora bien, en América Latina el tema de las desigualdades ha formado parte de la historia desde la época colonial. Precisamente con la conquista arrancaron dos procesos hermanados en lo que Marx llamó “acumulación primitiva de capital”, y que son: de una parte, la diferenciación social obligatoria, legalizada e institucionalizada, entre clases sociales, que provocó la conformación de una elite aristocrática que convivió con una amplia población menospreciada por pertenecer a la “bajeza”; y, de otra, la concentración de la riqueza en esa elite de familias dominantes, cuya posición económica contrastó con la enorme miseria y pobreza de la población general.
La marca de esas polarizaciones, es decir, la social y la económica, se constituyó en la herencia y punto de partida de las repúblicas latinoamericanas, una vez concluidos los procesos independentistas en toda la región. Nacieron, por tanto, Estados oligárquicos, protegidos por la ideología del republicanismo, el constitucionalismo y la democracia.
En cualquier país de América Latina es posible seguir los conceptos de las primeras Constituciones republicanas, adelantados como ideales, como proclamas de modernidad ante realidades afincadas en la diferenciación social y económica, que no lograron revertirse durante el siglo XIX, a pesar de los esfuerzos liberales -o las Reformas como en México y Argentina a mediados de ese siglo- pero tampoco por procesos aún más radicales, como fue la Revolución Mexicana de 1910, traicionada y frustrada con el paso del tiempo.
Vencer a los terratenientes, comerciantes y banqueros del poder oligárquico tradicional fue el gran esfuerzo del siglo XX. Ello se hizo posible, entre otros factores, por el despegue de las luchas obreras que acompañaron a las primeras oleadas industrializadoras, el crecimiento y politización de las clases medias, los gobiernos “populistas” iniciados en la década de 1920, además del contexto internacional removido por el nacimiento del socialismo con la Revolución Rusa (1917), que tuvo enorme influencia, y el imparable expansionismo de los EE.UU., que afianzó las posiciones nacionalistas y antimperialistas en la región.
Frente al régimen oligárquico, incluso el desarrollo capitalista latinoamericano, tan lento y prolongado en el siglo XX, fue un proceso de modernización y avance. Pero esa misma consolidación del capitalismo trajo, como contrapartida, la afirmación de nuevas formas de diferenciación social y económica, basadas en la acumulación y concentración de la riqueza en las clases empresariales. Ricos y pobres, burgueses y proletarios, dieron continuidad a las herencias históricas de la desigualdad originadas en la colonia, alimentadas en las repúblicas decimonónicas, reproducidas por el desarrollo capitalista y poderosamente enraizadas por el “hipercapitalismo” de fines del siglo XX e inicios del XXI, del que habla Piketty.
Los dogmas de fe del neoliberalismo, que tratan de convencer al mundo latinoamericano sobre las supuestas bondades económicas de los mercados libres, la propiedad privada capitalista y la competitividad de las empresas como forjadoras del progreso, el adelanto y hasta el “bienestar”, son negados, una y otra vez, por los procesos históricos de la región. Ese neoliberalismo ha agravado las condiciones sociales y laborales, al mismo tiempo que volvió más ricos a los ricos, algo comprobado por todo tipo de estadísticas.
Son múltiples los estudios sobre las desigualdades generadas en la región por la aplicación de la ideología neoliberal, hoy en renovado auge. La Cepal tiene varias investigaciones y ha comprobado que la desigualdad es ineficiente, pues se ha transformado en un obstáculo para la productividad, el crecimiento, el desarrollo y el bienestar social.
Pero el trabajo académico, los estudios sociales, las investigaciones rigurosas de la realidad poco parecen servir para ser tomados en cuenta al momento de generar políticas públicas en manos de gobiernos conservadores y para convencer a las burguesías-oligárquicas de la región de su irresponsabilidad histórica. El camino del macrismo en Argentina, el de Chile o Colombia, o el que ha continuado Bolsonaro en Brasil y el que ha tomado Ecuador desde 2017 son ejemplos contundentes de los perjuicios históricos que ocasionan los modelos empresariales.
De manera que afrontar el tema de las desigualdades sociales y económicas en América Latina continúa siendo un desafío para una región que sigue catalogada como la más inequitativa del mundo.
El inicio de la reversión de semejante realidad pasa por la transformación del poder, a fin de que otro tipo de hegemonía social sea capaz de imponer el aumento de las capacidades estatales en inversiones, regulaciones y servicios (educación, salud, seguridad social), el fortalecimiento de los impuestos directos y redistributivos de la riqueza, así como la extensión de fuertes garantías en cuanto a derechos laborales y ciudadanos.
ag/ jpm
