Por Juan J. Paz y Miño Cepeda *
Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
Bernie Sanders, con su propuesta de “socialismo democrático” ha ocasionado un sintomático terror político y social en los estamentos tradicionales del poder de los EE.UU. Habla por los trabajadores, los hispanos, los pobres. Ofrece controlar a las grandes corporaciones. Denuncia la corrupción privada y ataca a Donald Trump.
Se asegura que su triunfo al interior del Partido Demócrata es inminente y con ello su ascenso a la Casa Blanca. Pero eso no parece fácil porque, con urgencia, las fuerzas de la derecha estadounidense con los grandes medios de comunicación en su apoyo, despiertan una cruzada de ataques, que busca liquidar el camino de Sanders.
Pero Sanders casi no ofrece algo “nuevo”. Las políticas sobre buenos salarios, respeto a derechos laborales, seguridad social y control al sector privado, gracias a un fuerte intervencionismo estatal, fueron inauguradas por Franklin D. Roosevelt (1933-1945) con el “New Deal”. Se avanzó así en la construcción de un capitalismo social, capaz de emular los logros de la URSS y hasta necesario incluso para contrarrestar su ascenso prestigioso en el mundo.
Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Alemania inició la construcción de la “economía social de mercado” que enseguida se generalizó en toda Europa. De hecho, Alemania no hizo más que recuperar el camino del “Estado de bienestar”, inaugurado con las políticas de seguridad social y beneficios colectivos, instauradas desde el Estado por el canciller Otto von Bismarck (1871-1890).
El lento camino del capitalismo social en los EE.UU. (si se lo compara con el ritmo que adquirió en Europa) fue abruptamente cortado por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), quien provocó un giro total en la economía norteamericana, al vincularla con la ideología neoliberal, que rápidamente -y sobre todo a raíz del derrumbe del socialismo soviético- pasó a ser el referente de las burguesías de todo el mundo.
En América Latina, la vigencia del régimen oligárquico durante el siglo XIX-histórico impidió cualquier avance de políticas laborales y de seguridad social, porque, además, se impuso la realidad pre-capitalista de la región en la enorme mayoría de países. De modo que la necesidad de superar el régimen oligárquico, modernizar capitalistamente a los países -y responder al ascenso de las masas y de los primeros núcleos de trabajadores asalariados- inspiraron tempranas medidas de reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social, que incluso se adelantaron a las políticas del New Deal. Sin duda, influyeron los logros del socialismo, pero también la impactante Revolución Mexicana de 1910.
En 1914 Uruguay introdujo la temprana legislación sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero fue la Constitución social de México en 1917, la primera en reconocer el principio pro-operario y los principales derechos laborales. En la década de 1920 los países que introdujeron normas laborales y de seguridad social fueron Argentina, Brasil, Chile y Cuba. En 1916 Ecuador reconoció la jornada de 8 horas diarias, burlada en los años posteriores; y en 1917 intentó una “Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones” que resultó un fracaso.
De modo que la «Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa» o «Caja de Pensiones», recién se estableció en 1928, a consecuencia de la Revolución Juliana; y en 1929 se expidió la primera Constitución social, que se inspiró en la mexicana. En la década de 1940 se extendió la seguridad social en Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Panamá y Venezuela; mientras en los países Centroamericanos y del Caribe se estableció a partir de los cincuentas y sesentas.
Los esfuerzos por forjar Estados-sociales, o de capitalismo social, comparables con las economías sociales europeas, fueron reivindicados sobre todo por los “populismos” clásicos de la región: Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), Getulio Vargas en Brasil (1934/1945; 1951/1954) o Juan Domingo Perón en Argentina (1946/1955-1973/1974). Pero esos avances fueron temporales.
Al iniciarse la década de 1980 si bien se contaba con avances en los derechos laborales, no se había logrado lo mismo con la seguridad social. El primer estudio sobre el tema pertenece a la CEPAL, en su informe “El desarrollo de la Seguridad Social en América Latina”, publicado en 1985 (https://bit.ly/2TfZIXx). La cobertura, en la mayoría de países, era inferior al 25% de la población económicamente activa (en Ecuador apenas del 15%).
Contrastaban dos sistemas: el plenamente “estatista” en Cuba, que cubría legalmente al 100% de la población, y el “privatista” de Chile. En general, en América Latina había sistemas de seguridad social estratificados, preferentes para trabajadores activos (quedaban fuera los informales, desocupados y trabajadores no cotizantes), con privilegio para ciertos estamentos (las fuerzas armadas y policías, por ejemplo, contaban con sus propios sistemas en todos los países); y las coberturas incluian accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad, vejez, invalidez, pensiones jubilares.
Para la época ya se presentaban desequilibrios actuariales, por lo cual la Cepal consideraba que la seguridad social no podía sostenerse simplemente con los aportes basados en los salarios de los afiliados, sino que proponía “un impuesto progresivo sobre el ingreso (eximiendo al sector de más bajo ingreso) o un impuesto al valor agregado (eximiendo a los artículos de primera necesidad)”, y también: “establecer una carga mínima por el uso de los servicios médicos y medicinas, eximiendo al sector de más bajo ingreso”.
O, alternativamente, “también podrían establecerse niveles diversos de atención (sobre un nivel mínimo que sería gratuito) y fijar una escala de contribución del asegurado como se ha hecho en Chile”. Se recomendaba, como lo hicieron otras instituciones técnicas internacionales, unificar los subsistemas en uno solo; pero la presión política de los segmentos privilegiados siempre impidió un ordenamiento adecuado y eficaz.
El camino neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 contribuyó a crear más dificultades a la seguridad social latinoamericana. Muchos abogaban por el sistema de pensiones privatizadas de Chile. En Ecuador, desde 1985 (gobierno de León Febres Cordero) fueron suspendidos los aportes del Estado (40%) a la seguridad social, una deuda cancelada recién en 2008 por el gobierno de Rafael Correa.
El presidente Sixto Durán Ballén (1992-1996) incluso convocó a una consulta popular para “privatizar” la seguridad social, inspirándose en el “éxito” del sistema chileno. Felizmente la población votó por el “no”, aunque el gobierno continuó con la estrangulación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero el sistema chileno finalmente colapsó, y las protestas actuales en este país, considerado hasta hace poco como el paradigma supremo del neoliberalismo latinoamericano, desnudan el fracaso en materia laboral, de seguridad social y de bienestar colectivo, que crearon los “privatizadores” y apologistas del mercado desregulado y del dominio del capital.
Los gobiernos del ciclo progresista en América Latina hicieron importantes esfuerzos por fortalecer la seguridad social desde inicios del siglo XXI. La Constitución ecuatoriana de 2008 incluso ordena la seguridad social “universal”, y se avanzó en la incorporación de nuevos sectores a los beneficios del IESS. Pero el retorno de los tiempos conservadores en la región otra vez afecta a los derechos laborales y a la seguridad social; y en Ecuador, desde 2017, ha sido abandonado todo ideal por una economía social, a fin de privilegiar al empresariado privado, que ha significado un retorno a los dominios oligárquicos.
Hoy los gobiernos de derecha siguen interesados en la privatización de la seguridad social, o al menos en arrinconarla, para que coparticipe la seguridad social privada, a pesar de las nefastas experiencias históricas que ha demostrado un sistema basado en los supuestos del mercado libre.
Sin embargo, un candidato como Bernie Sanders, en los EE.UU., vuelve a remover el piso de la historia y ofrece el sistema universal de Medicare para beneficio de los norteamericanos, en medio del pánico de “todos”. Si triunfa, también quedarán sin piso histórico los gobiernos conservadores y derechistas de América Latina, aferrados a las consignas del neoliberalismo en materia de derechos laborales y de seguridad social.
ag/ jpm
