Por Guillermo Castro H.*

Para Firmas Selectas

Los problemas asociados al acceso al agua, necesaria para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo humano sostenible en todas las regiones del planeta, son cada vez más graves. Así, por ejemplo, un documento de la Organización de las Naciones Unidas[1] plantea que unas mil 200 millones de personas viven hoy en áreas de escasez física de agua, mientras otros 500 millones se acercan a esa situación.

Hacia el año 2025,  agrega, dos tercios de la población mundial vivirán en condiciones de estrés hídrico, como las que ya afectan a los pobres que habitan en las periferias urbanas de países como Panamá.

Estos datos deben ser referidos a un conjunto de situaciones que van desde el crecimiento general de la población mundial, que a fines de siglo superará los  nueve mil millones de personas, hasta la tendencia a la concentración urbana de esa población -hoy del orden del 50% (70% en América Latina)- y las dificultades que plantea la inequidad global para establecer una gestión eficaz del ciclo integral del agua, a partir de las necesidades y capacidades de cada sociedad.

De este modo, si bien se han obtenido importantes logros tanto en la comprensión del problema y su prospectiva como en el desarrollo de tecnologías y el diseño de políticas, persisten en todo el mundo graves problemas relativos al desarrollo institucional, el financiamiento de políticas y la transferencia de tecnologías. [2]

En este panorama, el caso de Panamá alcanza características de especial gravedad. Ocho de cada diez dólares generados por nuestra economía dependen de la buena salud de la cuenca del río Chagres, que proporciona el agua necesaria para el funcionamiento del Canal  y la subsistencia del 50% de la población del país que reside y trabaja en el entorno de esa cuenca.

La gravedad de esa situación ha salido a la luz -una vez más- ante el impacto del prolongado y agresivo evento de El Niño 2015-2016, que ha originado ya un descenso en las precipitaciones en el Istmo,  lo cual provocó situaciones de sequía en la región Sur Central del país, y limitó la disponibilidad de agua en el Corredor Interoceánico, en coincidencia con la fase terminal de la ampliación del Canal que ,si bien prevé el reciclaje de parte del agua utilizada por las nuevas esclusas, incrementará la demanda de ese recurso para la operación de la vía interoceánica.

A ello se agrega el deterioro generalizado de las principales cuencas del país,  expresado en situaciones que van desde la contaminación por agroquímicos y aguas servidas hasta los crecientes conflictos socio-ambientales por el control del agua entre comunidades y empresas hidroeléctricas en toda la región Sur Occidental.

Esta situación ha puesto en evidencia la obsolescencia y el deterioro de las capacidades institucionales para la gestión del agua en el Istmo y, en particular, en el Corredor Interoceánico. Tal obsolescencia no sólo se refiere a las capacidades de la administración pública: abarca, además, las capacidades científico-tecnológicas, culturales, de política y de prospectiva y planificación del país.

Y ocurre, además en momentos en que los problemas asociados al agua en todo el planeta generan una agenda global que inevitablemente dará lugar a presiones adicionales sobre la situación local.

Así, por ejemplo, la manera usual de abordar los problemas relacionados con la dotación de agua en Panamá consiste en considerar como tema principal el incremento en la demanda, lo cual se traduce en la necesidad de incrementar la oferta de agua procesada para uso humano, mejorar la distribución y hacer más eficiente el consumo, con un enfoque esencialmente tecnológico y financiero.

Sin embargo, se impone un enfoque distinto, que encare el problema a partir de la oferta natural de agua en el Istmo, estimada en los 50 millones de litros por personas al año. Este otro enfoque demandaría comprender dicha oferta natural en el contexto del ciclo integral del agua en las condiciones hidro-geográficas del país, que  abarcan 52 cuencas fluviales distribuidas en cinco regiones hídricas.

Demandaría, además, conocer las características históricas, culturales, económicas, científicas y tecnológicas de las relaciones entre la sociedad panameña y el líquido vital, desde la gestión de las cuencas que proveen el agua en el Istmo, su extracción y procesamiento para uso humano; y la disposición de las aguas utilizadas, incluyendo la formación, transformaciones y la crisis de las entidades estatales, a cargo de normarlo y supervisarlo y analizar la relación entre la oferta natural y la demanda social y económica en una perspectiva glocal, con un enfoque prospectivo de mediano y largo plazo.

La sociedad panameña ha ingresado a una etapa de su relación con el agua en la que se combinan la necesidad cada vez mayor de un debate nacional que propicie la creación de los consensos necesarios para encarar el problema, y ponga de manifiesto lo limitado de sus capacidades para encarar esa necesidad.

Todo ello demanda la creación de espacios para un debate bien informado, que favorezca la formulación de propuestas innovadoras en lo interno y aprovechar las iniciativas de política, financiamiento y transferencia de tecnología que se vienen generando a nivel global.

Esto entraña un desafío político, ya que ese debate pondrá en evidencia -una vez más- que si deseamos un ambiente distinto tendremos que encarar la necesidad de construir una sociedad diferente, que se caracterice por la abundancia y no por la escasez del agua, para bien de un desarrollo humano sostenible.

ag/gc