En fecha tan lejana como el 25 de septiembre de 2011 escribí un artículo titulado “La ONU ha muerto”. Entre otras cosas allí decía que: “Los acontecimientos de los últimos años signados por una unipolaridad cerrada […] dan cuenta de una ONU inoperante y plegada a la voluntad de los Estados canallas. La resolución unánime que condenó a Irán por la supuesta intención de construir armas atómicas contrasta la existencia de las mismas en países como Israel, India y Pakistán, que poseen la común característica de estar entre los mayores compradores de armas a los fabricantes que son básicamente los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.
Continuaba más adelante: “La aprobación también unánime de las potencias para autorizar- a través de la resolución 1973- lo que derivó en el bombardeo indiscriminado a las ciudades libias y el asesinato de miles de ciudadanos, muestran una organización que ya no es garante de la paz, sino promotora de la guerra. Igual hecho ocurrió durante los recientes acontecimientos en Costa de Marfil, donde el propio Secretario General de la ONU dio instrucciones a los Cascos Azules de involucrarse militarmente bajo órdenes de las fuerzas armadas francesas que invadieron el país africano”.
Doce años después, el diagnóstico es el mismo pero la crisis es aún más profunda. La pandemia de Covid-19 evidenció ante el mundo la incapacidad de la organización para gerenciar el combate contra el virus que se constituyó en enemigo común de la humanidad.
En esta batalla, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fracasó estrepitosamente. En octubre de 2021, 20 meses después de haber comenzado la pandemia sólo el 57 por ciento de la población mundial había sido vacunada. La pandemia nunca pudo ser controlada a través de la distribución de vacunas. Los países ricos establecieron una clara distancia de los más pobres. En enero de 2022, la OMS publicó una guía para priorizar la distribución mundial de las vacunas COVID-19 de manera justa, pero ya era demasiado tarde y el plan era defectuoso. Primó la lógica del mercado, del lucro y la ganancia por encima de la lógica de la protección del ser humano, de su salud y su vida. Ello, porque la OMS depende principalmente de la buena voluntad de los países ricos y de las empresas.
Circunstancias similares ocurrieron en la actuación de la OMS durante la gripe A (subtipo H1N1) que atacó al mundo en 2009. Otro ejemplo de error reiterativo de la OMS fue su actuación en 2014 durante la crisis del Ébola. Su incapacidad es recurrente. En el primer caso los gobiernos que siguieron sus recomendaciones acumularon cantidades innecesarias de fármacos antigripales solo en beneficio de las empresas farmacéuticas. Y en el segundo, actuando con extrema pasividad ante la gravedad de la propagación del Ébola, infravalorando el problema. Solo cuando la epidemia estaba ya fuera de control en África Occidental, la directora general declaró una emergencia global.
Hay que decirlo, esa “buena voluntad” mencionada está en relación directa con la decisión de las empresas de actuar cuando observan que el contagio puede afectar sus ganancias y las de los países ricos. Este hecho es violatorio del inciso 3 del artículo 1, Capítulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas que establece los propósitos y principios de la ONU y que señala que la organización debe: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Así mismo, el pésimo trabajo de la ONU en el manejo de la pandemia atenta flagrantemente con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
La ONU ha demostrado que no es capaz de garantizar ese derecho y ni siquiera cumplir con los propósitos que le asigna la Carta.
En este contexto, la operación militar de Rusia en Ucrania y el reciente conflicto en Palestina pusieron sobre el tapete la inoperancia de la ONU. En ambos casos la organización fue incapaz de impedir que se proyectaran y ejecutaran sendos genocidios sobre los pueblos del Donbass y de Palestina respectivamente. En Ucrania hicieron de la “vista gorda” durante ocho años mientras con extrema crueldad hordas nazi fascistas exterminaban a la población ruso parlante.
El asunto palestino es mucho peor porque la ONU es causante directa del mismo al crear ilegalmente el Estado de Israel cuando no es potestad suya- según la Carta- crear países, pero incluso después de haber decidido tal esperpento jurídico, no ha sido capaz de hacer cumplir la resolución 181 de la Asamblea General, del 29 de noviembre de 1947 que establecía la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. En este caso, tal vez más que en ningún otro, se ha hecho patente el uso de la ONU como un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. La ONU ha fallado en su responsabilidad primigenia que era promover y consolidar la paz en el planeta.
En otro ámbito, uno podría preguntarse qué sentido tiene la existencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), otra agencia de la ONU, si hasta agosto de 2023 se habían aplicado 26 mil 162 medidas coercitivas unilaterales (mal llamadas sanciones) por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unidos, Suiza y otros países afectando a 30 Estados en todo el mundo. Así, el 28 por ciento de la población mundial está impedida de desarrollar su vida con total normalidad.
Vale decir que en este caso, la Asamblea General de la ONU en su 78° periodo de sesiones, aprobó con 128 votos a favor y 54 en contra una resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos frente a las medidas coercitivas unilaterales.
Sin embargo, todo es en vano. Las relaciones internacionales no son de derecho sino de poder. La ONU es una estructura sustentada en el poder atómico de cinco países que imponen esa condición al mundo. La institución del veto es una práctica antidemocrática que establece que el mundo tiene que vivir bajo la dictadura de cinco países por la única razón que tienen capacidad de destruir el planeta. Así, esa capacidad es la que establece y sostiene al sistema internacional y su estructura. El planeta vive bajo la permanente contradicción entre el carácter democrático de la Asamblea General y el carácter dictatorial del Consejo de Seguridad.
En la actualidad hay varios casos que exponen el carácter retrógrado de la ONU, además de los ya conocidos en Ucrania y Palestina. En este sentido, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha opinado en torno a que el Comando de la ONU, responsable de vigilar el cumplimiento del armisticio después de la Guerra de Corea de los años 50 del siglo pasado, debe disolverse para “evitar el inicio de una nueva guerra y defender la paz y seguridad en la península de Corea”.
De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno norcoreano, el comando no representa “más que un instrumento de confrontación de Estados Unidos porque no tiene nada que ver con la ONU”. Según Pyongyang, el comando “vuelve a revelar su naturaleza agresiva, buscando preparar una declaración de confrontación simulando la segunda Guerra de Corea”. Ya en 1975, la Asamblea General de la ONU aprobó dos resoluciones que estipularon la disolución del comando y la retirada de las tropas estadounidenses de la región e incluso dos antiguos secretarios generales de la ONU, Butros Butros Ghali y Kofi Annan, afirmaron que “el organismo no está bajo el control de Naciones Unidas, sino de Washington”. Ahora- según la denuncia de la RPDC- el Comando “se reactiva como un instrumento de guerra plurinacional, encabezado por Estados Unidos. Se trata de graves acontecimientos que ponen en peligro la seguridad en la región Asia-Pacífico, la península de Corea incluida”. Parece evidente que la ONU está permitiendo ser usada por Estados Unidos para generar otro escenario de conflicto en el planeta.
No podía ser de otra manera cuando el secretario general de la ONU es un hombre proveniente de un país de la OTAN. Hay que recordar que cuando fue primer ministro de Portugal acompañó todas las tropelías de esta agrupación belicista ente ellas la guerra de los Balcanes y la invasión de Afganistán. Difícilmente un personaje de esta estirpe puede tener la ecuanimidad y la neutralidad necesaria para tratar los asuntos que incumben a la organización. Un mundo justo jamás debe tener a un guerrerista como su máximo líder.
Ya en el pasado, Europa nos dio ejemplos del liderazgo que la representa. Entre 1972 y 1981, Kurt Waldheim, un político austríaco de extrema derecha, fue designado secretario general de la ONU. No importó que Waldheim hubiera sido miembro de la Liga de Estudiantes Nacional-Socialistas Alemanes, una estructura del partido nazi de su país que lo llevó a que incluso formara parte las SA, las tropas de choque del partido nazi que bajo las órdenes directas de Hitler sembraban el terror en los países ocupados. Nada más y nada menos que un nazi fue enviado por Europa para ser secretario general de la ONU.
La actuación respecto de Venezuela no está ajena a su impronta. La ONU ha violentado el Acuerdo de Ginebra que establece una solución amistosa y satisfactoria para las dos partes en el conflicto del Esequibo. Las gigantescas reservas petroleras descubiertas en 2015 en ese territorio en reclamación movilizaron al gobierno de Estados Unidos, que ejerciendo presión sobre la ONU logró que el caso fuera enviado de forma ilegal a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un órgano de la ONU que ha decidido actuar sin tener jurisdicción sobre el caso.
Ya el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, un títere de Washington, había decidido de forma unilateral e ilegal ponerle fin a la figura del buen oficiante. Dando continuidad a esta aberración jurídica, Antonio Guterres- casi desde el mismo momento de su designación- aceptó la demanda que Estados Unidos había iniciado ante su predecesor, favoreciendo unilateralmente la decisión de Guyana que en realidad es la decisión de la empresa ExxonMobil, que pretende explotar ilegal y unilateralmente los recursos del Esequibo. Guterres es cómplice de este intento de despojo, de la misma manera que lo es la CIJ que, poniéndose al margen de la ley pretende avalar la demanda de Guyana.
Guterres debió consultar a Venezuela para obtener su conformidad respecto de la jurisdicción de la CIJ, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Vale agregar que Venezuela no es firmante del protocolo sobre jurisdicción obligatoria de la CIJ por lo que no está obligada a acatar la decisión que tome este organismo. No es Venezuela la que se ha puesto al margen de la ley. Ha sido la organización de Naciones Unidas, una vez más.
Tal vez nadie como el presidente de Brasil, lo ha señalado con tanta precisión: “La ONU de 1945 ya no vale nada en 2023″. Lo dijo espantado por la incapacidad de la organización para detener el genocidio israelí en Palestina. Como es habitual, la dictadura anacrónica del veto ejercida por Estados Unidos he impedido incluso que se detengan las acciones armadas en Gaza. Al respecto Lula dijo: «Solo un país tuvo derecho a vetar y la vetó [la propuesta], y fue Estados Unidos. Esto es incomprensible, no es aceptable. Por eso luchamos para cambiar la ONU” y agregó: «Por eso queremos cambiar el número de [miembros] y cómo funciona y acabar con el derecho de veto».
En este contexto fue el propio gobierno israelí el que se puso al margen del derecho internacional al reconocer públicamente que posee armas nucleares, lo cual le está vedado por la Carta de la ONU. No obstante, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), otro ente perteneciente a la ONU, tan activa queriendo auditar y controlar a Rusia en el conflicto en Ucrania, ha dado vuelta la cabeza para evitar dar una opinión sobre esta otra situación que…otra vez, pone en entredicho la neutralidad de la ONU y su apego al derecho internacional, todo lo cual deteriora la seguridad global, colocando en grave riesgo el régimen de control internacional de armas que la ONU debe sostener, defender y aplicar.
Washington se ha colocado por encima de la ONU avalando todos los desmanes cometidos por Israel, país que, por cierto, no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Sus 300 bombas termonucleares son un verdadero peligro no sólo para el pueblo palestino sino para todo el planeta, cuando se sabe que las mismas están en manos de estos nuevos nazis del siglo XXI, desbordantes en odio, ávidos de matar y carentes de todo sentido de humanidad.
La ONU ha fracasado, no tiene sentido de existir. Un mundo nuevo está naciendo. Una organización nueva le debe acompañar.
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