Sudáfrica presentó una Solicitud de medidas provisionales de resguardo como parte de su demanda formal contra Israel por violar la Convención de 1948 para la Prevención del Delito de Genocidio.
Dicha Solicitud es la primera instancia, el primer paso, para exigir responsabilidades legales a Israel por aniquilar, diezmar, destruir, asesinar y ocasionar los más graves perjuicios contra el pueblo palestino, ocupado y aprisionado en Gaza, la “cárcel abierta más grande del mundo”. La decisión final de la Corte, sujeta a votación, suele prolongarse.
El citado documento hace referencia al Artículo 2 de la Convención que insta a Israel a no cometer genocidio; a no incitar a cometer genocidio; a garantizar los servicios básicos a Gaza y evitar la destrucción de evidencias que comprueben delitos violatorios de la citada Convención.
La CIJ es el órgano judicial por excelencia de la ONU, y sus decisiones son determinantes y vinculantes para los Estados que sean parte del proceso o hayan aceptado su jurisdicción o competencia.
La actual presidenta de la CIJ es la magistrada de Estados Unidos., Joan Donoghue- la segunda mujer en el cargo- quien, entre 1984 y 1986, ejerció de abogada en la Oficina de Asuntos Interamericanos de EEUU. en Nicaragua, justo cuando ese país, bajo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusó en La Haya a Washington de cometer actos terroristas en su territorio.
En junio de 1986, la CIJ condenó a EEUU. a indemnizar a Nicaragua con 12 mil millones de dólares por haber financiado la guerra en ese país, suma que Washington ha rehusado pagar desde entonces y que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continúa reclamando infructuosamente por una mayor cuantía debido a la inflación ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
Sin embargo, en su respuesta a la Solicitud de Sudáfrica, la CIJ no pidió un alto al fuego, aunque de las prohibiciones ordenadas se infiera que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, debe cesar inmediatamente sus bombardeos a Palestina, prohibir actos bélicos al Departamento de Defensa de Israel y castigar a ciudadanos israelíes que actúen contra el pueblo palestino.
A pesar de la decisión del Tribunal de ordenar medidas provisionales de resguardo, al 28 de enero de 2024, apenas dos días después de la primera, Israel, en abierto desafío a la CIJ y a la Carta de la ONU, ha asesinado a 174 palestinos y herido a 310 civiles residentes de Gaza, para un total de 27 mil asesinados y 69 mil heridos desde el 7 de octubre de 2023, sin contar a desaparecidos bajo los escombros. La mayor parte de los asesinados y heridos son niños, mujeres y ancianos.
Hasta hoy (29 de enero de 2024), el gobierno de Israel ha hecho caso omiso de la CIJ y prosigue su bombardeo salvaje e inmisericorde contra Palestina, lo cual significa que Tel Aviv rechaza la decisión de la CIJ.
¿Qué ocurre si un Estado, como Israel, no cumple con una sentencia de la CIJ? En tal evento, la contraparte, en este caso Sudáfrica, podrá presentar el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene poder para hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para que la sentencia tenga efecto. Lo mismo aplica para el caso de Nicaragua versus EEUU.
La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, fue asesora jurídica adjunta principal del Departamento de Estado de EEUU. de 2007 a 2010, entre cuyas tareas estuvo asesorar al demócrata Barack Obama en materia de derecho internacional, aunque su principal especialidad es la Biología y no la última disciplina.
Ojalá que Donoghue recuerde que ella representa prioritaria y exclusivamente a la CIJ y a la conciencia de la humanidad y no a su antiguo patrón, el Departamento de Estado de EEUU. Razones sobran para albergar dudas. ¿Por qué razón la CIJ no ordenó el alto al fuego que el mundo reclama? ¿Será que la justicia puede ser bizca aunque no ciega?
Entretanto, prosiguen las más multitudinarias manifestaciones de la historia en el planeta contra la guerra y el genocidio de Israel, mientras se fortalece, por otra parte, la demanda de otros países como México y Chile para sentar ante el Tribunal Penal Internacional al máximo protagonista y responsable del genocidio contra el pueblo palestino, el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien podría ser arrestado por cualquier Estado miembro del TPI.
La humanidad tiene el deber de castigar a Israel, pues en su nombre sus más altos funcionarios han vociferado al mundo que “los palestinos son animales no humanos” (sic).
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