Por Julio Gambina
El gobierno de Javier Milei convocó al Pacto que finalmente se suscribió un 9 de julio, día en que se conmemora la “independencia” de la Argentina.
Lo destacamos, porque el pacto suscripto por la mayoría de los gobernadores supone un momento más de subordinación a la lógica del capital transnacional y a contramano de todo proyecto por la independencia.
Es un rumbo asumido con el decreto desregulador de diciembre pasado, el 70/23, la ley de “Bases…” y el conjunto de la política libertaria que potencia el rumbo inaugurado en la dictadura genocida, en los 90 del siglo pasado y recientemente bajo la gestión de Mauricio Macri.
Los sujetos políticos involucrados en el “Pacto de mayo” (de julio) son los mismos que hegemonizan los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, quienes subordinan recurrentemente la política al condicionante de la deuda y muy especialmente al gerente de la misma, el FMI. Una deuda que crece desde la dictadura, para disciplinar la sociedad local a las demandas del capitalismo mundial, por eso, reiteradamente, cada turno constitucional de gobierno re-negocia la deuda para profundizar la dependencia y la subordinación a la lógica de la ganancia.
Si a fin del 2001 la deuda alcanzaba los 144 mil millones de dólares, a finales del gobierno de Cristina Fernández en 2015 ascendió a más de 240 mil millones. A fines del macrismo, en 2019, superó los 323 mil millones de la moneda estadunidense, elevándose al final del mandato de Alberto Fernández a más de 370 mil millones. En el primer trimestre del 2024, bajo gobierno Milei, la deuda alcanza a más de 403 mil millones de dólares.
Por eso no sorprende, que, junto a las enormes pérdidas de ingresos populares por el ajuste gubernamental, las principales empresas del país registran superlativas ganancias. Pese al ajuste y a la recesión, crecen las ganancias de la cúpula empresarial, expresión palmaria de la transferencia de ingresos que impone la pérdida de salarios e ingresos previsionales hacia los sectores más concentrados del capital.
La actividad económica puede decrecer, pero, aun así, el sector concentrado de la economía ejerce su poder para generar una transferencia gigantesca de recursos desde la mayoría empobrecida en su beneficio. El “ajuste” es una política funcional a la burguesía concentrada y aun cuando los modales de Milei parecen preocupar a ciertos sectores del poder, utilizan el consenso logrado por el libertario para consolidar la transferencia de ingresos y generar reformas estructurales que consoliden un rumbo favorable a las ganancias y a la acumulación capitalista.
El programa del Pacto en un decálogo.
Ahí está la esencia del decálogo del “Pacto”, presidido por la máxima del principio de “inviolabilidad de la propiedad privada”, omitiendo que en origen está la violencia del genocidio a los pueblos originarios en la campaña militar de Roca en 1880.
La sacrosanta propiedad privada de los principales medios de producción en el país explica esa acumulación de ganancias de los principales grupos empresarios, de capital externo y local, que antes mencionamos.
Se firma el “Pacto” para el compromiso de continuar y profundizar la subordinación a la lógica de la ganancia de ese reducido grupo de la elite empresarial.
El programa del Pacto generaliza el ajuste y compromete a los gobernadores para ese fin, emulando los despidos nacionales. Ese es el mandato del Pacto para hacer realidad el equilibrio fiscal y la disminución del gasto público al 25 por ciento del PIB. Es la base para una mayor regresividad tributaria en el programa de reforma impositiva, consolidando un rumbo fiscal favorable a la rentabilidad del capital.
Por eso, y bajo ese espíritu, es que sostienen una reforma laboral que consolide la impunidad patronal; y una reforma previsional que solo contemple a quienes aportaron oportunamente, dejando de lado las aspiraciones de millones de trabajadoras y trabajadores a quienes no se les hicieron aportes por irregularidad empresarial en el empleo.
El modelo productivo se consolida en el Pacto impulsando que las provincias faciliten la explotación de los bienes comunes de sus territorios, sea el litio, el agua, el cobre o el oro, los hidrocarburos o la tierra, demandados por el capital transnacional, aún a costa de la devastación que supone el uso de tecnologías que afectan al ambiente y a la población asentada en esos territorios. Todo dicho en aras de favorecer la apertura y el libre comercio, ratificando una forma de inserción mundial dependiente y proveedora de bienes comunes no reproducibles.
Para manifestar voluntad de diálogo se incluyó un punto relativo a la “educación”, “primaria y secundaria”, “útil y moderna”, excluyendo toda mención al “derecho a la educación”, patrimonio de la cultura histórica de la lucha social local, que remite a la temprana alfabetización e incluso a la reforma universitaria de proyección regional y mundial.
El “Pacto” es parte de la institucionalidad consensuada para una reforma reaccionaria de la Argentina. La sociedad afectada por la política oficial está desafiada a construir nuevos imaginarios culturales y políticos que se asienten en la solidaridad, la autogestión y la cooperación no lucrativa, para satisfacer derechos sociales y, al tiempo que cuida a los bienes comunes, reproduce la naturaleza para la actual y futura generación.
Se trata de un programa político alternativo, de contenido anticapitalista, que pueda construir un gran consenso popular para la transformación social, empezando por la “anulación” de las reaccionarias reformas del gobierno Milei. Desde ahí se podrá construir la nueva realidad que satisfaga las demandas y necesidades insatisfechas de la población explotada y empobrecida por el régimen del capital.
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