Por Luis Mesina

Hasta mediados de la década pasada, Chile era presentado en el concierto mundial como un oasis para el inversionista extranjero, en particular para el capital financiero, se garantizaban altas tasas de rentabilidad, bajos salarios, bajos impuestos y, lo más relevante, se ofrecía baja conflictividad social.

El estallido de octubre puso un punto de inflexión en el Chile que se exportaba al exterior, dejó al descubierto la tremenda desigualdad existente en el país, incubada tras la implementación bajo la dictadura de un modelo económico altamente segregador, profundizado y consolidado bajo los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia.

La Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile y del Sistema Financiero, con ocasión del lanzamiento de su estrategia para “terminar con la desigualdad” señalaba en su periódico del mes de junio: “Las sociedades existentes en América Latina no podrán tener paz, estabilidad ni se consolidarán democráticamente, si la riqueza generada por el trabajo continúa llegando solo a unos pocos”.

¡Cuánta razón hay en esa sentencia! Actualmente, el uno por ciento más rico de nuestro país concentra el 49,8 por ciento de la riqueza, superando a EEUU., Brasil y México. Los trabajadores que hacen posible la riqueza, el 50 por ciento de ellos, percibe ingresos inferiores a los 580 mil pesos mensuales. Los trabajadores pasivos que se pensionaron en los últimos meses, y que cotizaron entre 35 y 40 años, solo pudieron autofinanciar una pensión de vejez inferior a 290 mil pesos y, a pesar de que el crecimiento económico en los últimos años fue bajo, siempre ha ido por encima del crecimiento y la productividad de los trabajadores.

Si se revisa el sueldo mínimo en dólares- ajustados por paridad de poder de compra – se verá que Chile se ubica por debajo de países como Costa Rica y Uruguay. Es decir, Chile, sufre un atraso salarial, esto es, un desbalance entre los ingresos del trabajo y el PIB per cápita, como señalan algunos destacados economistas, entre ellos el profesor de Cambridge, Gabriel Palma: “en Chile nos graduamos de país de ingreso alto, sin salir del subdesarrollo.” La desigualdad es una causa de la pobreza. Y la desigualdad se explica por el modo de producción existente, en particular, por las “relaciones de producción” que se establecen entre las clases sociales para llevar a cabo el proceso de producción de los medios de vida de la sociedad, que permiten su reproducción en el tiempo. Estas relaciones dependen, a su vez, de los vínculos que cada clase social tenga con los medios de producción, en particular de su apropiación o no, lo que revela el lugar central que tiene en toda sociedad la forma de propiedad.

“Las relaciones de producción capitalista consisten en la mercantilización de la fuerza de trabajo. Entre quien compra fuerza de trabajo y quien vende su capacidad de trabajo. Esta relación es asimétrica. Los capitalistas pagan a los trabajadores solo una parte de su trabajo y se apropian de la otra como ganancia (…) por tanto, la formula libertad de mercado alude en realidad a libertad de explotación. Es en torno a estas relaciones de producción, ligadas a la apropiación privada de los medios de producción, que se constituyen las dos clases propias del capitalismo: la clase explotadora que es la clase capitalista o burguesa y la clase explotada que es la clase trabajadora” [Xabier Arrizabalo. Chile: Milagro o Quimera. Significado histórico del modelo económico de la dictadura a 50 años del golpe.].

Modificar esas relaciones de producción es algo en disputa desde que el sistema capitalista se constituyó como tal. Es una disputa por la riqueza, por la sobrevivencia humana; pero también, una disputa por la sobrevivencia del planeta. Hombres y mujeres, únicos con capacidad transformadora están conminados a encontrar el camino para avanzar en esa perspectiva. El momento o los momentos en que la disputa por la participación en la riqueza se expresa más nítidamente es en los procesos de negociación colectiva. Es en ese instante, cuando trabajadores se organizan para disputar una fracción de esa riqueza, especialmente para recuperar parte de la que les ha sido arrebatada en el proceso productivo. Eso, la clase capitalista chilena lo tenía y lo tiene claro y por ello construyó un andamiaje jurídico y político hace 45 años atrás (1979) para impedir y evitar ese eventual espacio de unidad de los y las trabajadoras. Los civiles de la dictadura, entre los que se encontraban Sergio de Castro, Miguel Kast, José Piñera y una larga lista de sujetos que despreciaban la democracia, convencieron a la tiranía y promulgaron el Plan Laboral en 1979, prohibiendo expresamente la Negociación Colectiva Ramal y restringiendo y acorralando al sindicato sólo a los márgenes estrechos de la empresa. Era un claro atentado al mundo del trabajo y a la democracia.

Por contra, los empleadores sí podían y pueden organizarse por ramas de producción (CPC, Sofofa), mientras los sindicatos lo tienen prohibido. Las consecuencias de ello: los salarios han caído significativamente. Hace 51 años atrás la participación de los trabajadores en el ingreso nacional alcanzó el 61 por ciento, luego de la crisis de 1975 bajo la dictadura, estos continuaron cayendo para nunca más recuperarse. Además, el Plan Laboral construyó un entramado jurídico que segmentó al mundo del trabajo limitando su accionar. Actualmente la cobertura de Negociación Colectiva es aproximadamente un 13 por ciento.

Por tanto, la correlación positiva entre la cobertura de la negociación colectiva ramal y la participación de los salarios en el producto interno bruto es evidente. Diferentes estudios muestran que mientras mayor es el porcentaje de trabajadores cubiertos por instrumentos de trabajo, mayor es la participación de los salarios en el PIB. Se ha demostrado que, a mayor porcentaje en la negociación colectiva, menor es el número de trabajadores que reciben bajos salarios. La desigual participación en la riqueza se agrava, además, por la escasa capacidad que muestra la economía en “emplear” a la población en edad de trabajar.

“Las personas ocupadas en Chile pasaron de 8,15 millones en el año 2014, a 9,07 millones en 2023; pero esta alza es en realidad menor al aumento de la población económicamente activa e incluso de la propia fuerza de trabajo. De usarse la tasa de ocupación verificamos más bien un grave retroceso en estos años de estancamiento, sobre todo desde el 2020, en especial, en la tasa de ocupación femenina que permanece bajo niveles previos a la pandemia, manteniéndose por debajo del 50 por ciento, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar lo hace” [Claudio Lara, economista, investigador y asesor de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero.].

Este escenario de incertidumbre, que augura situaciones críticas, solo puede aminorarse para los intereses del mundo del trabajo en la medida que éstos logren participar más en la distribución de la riqueza, ello exige mejorar la distribución actual y apuntar a corregir la profunda desigualdad.

Queda claro, eso sí, que quien hace funcionar el país es la fuerza de trabajo de millones de hombres y mujeres que, de la mano de la tecnología que ellos mismos han creado, logran producir muy por encima de lo que la demanda es capaz de consumir para vivir en armonía con su entorno y con los demás. Entonces, se confirma que el problema en la sociedad actual no es la riqueza, sino, cómo ésta se distribuye.

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