Por Gustavo Espinoza M.

Si hacer terrorismo es intimidar a la población mediante procedimientos vedados y orientados a incentivar el miedo, podríamos decir que la política del régimen actual genera un terrorismo a la carta. Vale decir que expande el pánico en todas sus modalidades y busca paralizar a la población para que no reaccione ante nada.

A su modo lo dijo recientemente un transportista horrorizado ante el cúmulo de asesinatos registrados en su sector: No vamos a hacer ya ni Paros ni Marchas, porque todo es inútil. Este gobierno no hace caso a nada. Le exigen que renuncie y no hace caso; le exigen que se vaya, y se queda. ¿Para qué pelear si estos no escuchan nada?

Este razonamiento que parece lógico tiene una base. Expresa la impunidad con la que obra la delincuencia cuando se encarama en el Poder. Lo mismo habría ocurrido en los Estados Unidos, en los años 30 del siglo pasado si Al Capone hubiese tomado la Casa Blanca. Y es que la Mafia se tapa los oídos con cemento para no oír a nadie.

Pero hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es reconocer que se envenena el enlatado que se reparte a los niños en los programas de Qali Warma y liberar de responsabilidad al ministro del sector porque “está cumpliendo su función”. Pareciera que para algunos, el deber del titular del portafolio es dar esos contenidos a los infantes porque se trata de niños pueblerinos, que comen lo que les dan porque sus padres carecen de recursos para alimentarlos.

Aun se recuerda al titular de agricultura: dijo que en el Perú todos están bien alimentados, y que nadie “pasa hambre”. Más recientemente, Dina aseguró que con diez soles se puede dar a una familia sopa, segundo y hasta postrecito, ante el asombro de 23 millones de peruanos (descontando sus ministros).

A Rómulo Mucho lo censuraron porque no hizo suya la demanda de los mineros ilegales. Propuso extender su beneficio a seis meses, pero ellos quieren 24 meses. Y es curioso, a ellos se les trata con pinzas cuando bloquean carreteras para imponerse. Cuando la protesta hizo lo propio, los acusaron de “terrorismo urbano” y pidieron carcelería efectiva como castigo.

Lo mismo ocurre en el caso de las detenciones. Para la clase dominante, Vladimir Cerrón es un Prófugo que se burla de la Justicia, en tanto que Nicanor Boluarte está haciendo uso de su “legítimo derecho a cautelar su libertad”, la hermana de Fujimori es prófuga de la justicia y lo es también un ex congresista condenado por robar plata a sus trabajadores.

En el pasado, con Fujimori y García, se capturaba masivamente a personas en todas las ciudades, y luego se anunciaba con bombos y platillos la desarticulación de “bandas terroristas”. Hoy se hace lo mismo, sólo que se habla de “bandas delictivas” y de la detención de sicarios y extorsionadores. Lo denunciado en El Agustino demuestra la endeblez del argumento: los detenidos no eran delincuentes, ni sicarios ni extorsionadores. Y estaban reunidos por asuntos de trabajo.

Los intervinieron, les “sembraron” armas y droga y los presentaron a la prensa. Luego los encarcelaron acusándolos de delitos menores para que los fiscales y jueces los liberaran. Cuando eso ocurra, dirán que estos ponen en libertad a los delincuentes capturados por la policía. Barro con ventilador. Con un sólo hilo enhebran mucha tela. Hasta se dan el lujo de desacreditar a Fiscales y Jueces al tiempo que muestran la “eficacia” de su propio trabajo.

En Colombia hacían lo mismo en los años de Uribe. Le llamaban a eso “los falsos positivos”, Eran campesinos asesinados a los que presentaban como “guerrilleros” abatidos.

Al final saldrá todo a luz, porque las armas “encontradas a los delincuentes” volverán a poder de la policía, y aparecerán otra vez en manos de otros delincuentes. Y es que, finalmente, todos los círculos se cierran. En la Policía hay hombres de honor, como Pedro Baltazar Sánchez, el sub oficial que se enfrentó a delincuentes en San Borja. Pero también hay otros, como el asesino de Sheyla Condor.

No lo olviden.

Los “operativos” falsos, no son gratuitos. Nunca lo fueron. Antes, sirvieron para entregar “reconocimientos” al rendimiento policial y conceder medallas y ascensos a los “Mandos” implicados en ellos. También, naturalmente, para otorgar beneficios económicos a quienes se les consideró “héroes” en la “lucha contra el terrorismo”. Muchas veces, el plan salió perfecto.

Es común oír a la gente quejarse cuando se habla de los “Estados de Emergencia”. “No sirven para nada”, suelen decir incautos ciudadanos desprevenidos. Sí, claro que sirven. Sirven para disponer libremente de partidas sin dar cuenta, otorgar concesiones sin licitación, contratar personas sin concurso, obtener beneficios materiales “por lo bajo”. En suma, consumar latrocinios que no se podrían ejecutar bajo el imperio de las normas vigentes, Para ello, se requiere la “emergencia”.

Pero eso, no beneficia solo a los uniformados. También a los civiles que se inclinan ante ellos. Algunos alcaldes -el de Comas, por ejemplo- hacen compras millonarias y sobrevaloradas. Por eso ahora elogian “los avances” que permite el “Estado de Emergencia”. No los descubrieron antes.

Se trata de diversas modalidades de terrorismo en acción. Se ofrecen cual si fueran “terrorismo a la carta” y están a disposición de quienes tienen en sus manos las riendas del Poder.

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