La Asamblea Nacional del Ecuador resolvió el martes 25 de febrero la responsabilidad política del Ministro de Defensa Nacional en el caso de la desaparición forzada de los cuatro niños afrodescendientes, del Barrio Las Malvinas, de Guayaquil, en manos de una patrulla de 16 militares.
Los menores, fueron posteriormente víctimas de tortura, ejecución extrajudicial, mutilación, e incineración y botados en un manglar.
Concomitante debate el jueves 26 de febrero reforma constitucional al art. 5, respecto a bases militares, ya que el presidente-candidato, al amparo de la inseguridad y recurrente violencia criminal existente en el Ecuador, solicita la cooperación de fuerzas especiales extranjeras.
Minimiza así el papel de las FF.AA. significando con ello la vulneración de la soberanía y la presencia de bases militares, que ya en Manta dejó una tenaz violación de derechos humanos, cometida por militares estadounidenses, como desapariciones forzadas de pescadores artesanales, presunción de violaciones de niñas y adolescentes, que constan en sendos informes protegidos por la jurisdicción penal estadounidense.
Ello configura al Ecuador como un laboratorio del refuncionalizado Plan Cóndor 2.0, de asedio e injerencia en la región de Latinoamérica y El Caribe, en contra de las democracias soberanas de Cuba, Nicaragua y Venezuela Bolivariana, que no responden a la subversión política e ideológica de la actual administración estadounidense de presidente Donald Trump, quien está a la cacería de migrantes, mientras sus ojos se clavan en los recursos naturales y energéticos existentes en Nuestra América, mediante sus lugartenientes Marco Rubio y Elon Musk.
Empero, el régimen oligárquico neocolonial, neofascista y prosionista, de Daniel Noboa Azín, un negacionista del Estado, pretende privatizar el mejor campo petrolero La Joya de Los Sachas, sabiendo que la Empresa Pública Petróleos del Ecuador está suficientemente capacitada para administrar y mantener allí la producción.
En estos días, militares estadounidenses realizan los denominados ejercicios bélicos, en provincia Insular de Las Galápagos, declarado como Patrimonio natural de la humanidad, por albergar especies únicas en el mundo, que sirvió de inspiración al científico inglés Charles Darwin en su libro: Origen y evolución de las especies; evidenciando el interés de los Complejos Militares, Industriales y Financieros, con la venta de armas.
El Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) proclamó el domingo 23 de febrero de 2025 resultados numéricos del 9 de febrero y confirmó que Daniel Noboa y Luisa González van a la segunda vuelta.
Con más de 19 mil votos de diferencia, los dos candidatos pasan a la segunda vuelta prevista para el 13 de abril.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, proclamó el lunes, 24 de febrero de 2025, los resultados numéricos de las elecciones del 9 de febrero pasado en el que se votó por binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos.
La mañana de este lunes se reinstaló la audiencia nacional pública de escrutinios en la que se conoció al ciento por ciento del escrutinio en las juntas provinciales y del Exterior.
Una vez que retornaron todos los paquetes electorales del exterior que tenían actas con novedad, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), clausuró la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y aprobó los resultados numéricos de las Elecciones Generales 2025, luego de revisar las actas levantadas por las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.
Tras la aprobación, se abrió un periodo de tres días para que las organizaciones políticas, si así lo consideran, interpongan recursos en el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se adjudicarán escaños nacionales y se proclamarán los resultados definitivos de las Elecciones Generales 2025.
Ergo, se trató una objeción planteada por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) que pedía la nulidad de las votaciones de la dignidad de asambleístas nacionales, pero el pleno negó con cinco votos de los consejeros presentes.
Una vez más, el CNE cumplió con el país y la democracia, al organizar un proceso electoral altamente técnico y transparente, que contó con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, garantizando así el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Es fundamental e importante no desconocer las informes y observaciones de las Misiones de Observación Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea(UE).
Por lo tanto, Luisa González de RC y Daniel Noboa de ADN, disputarán en segunda vuelta o balotaje electoral el 13 de abril, la Presidencia de la República del Ecuador.
La Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador declaró en emergencia regional a las provincias de la costa por el fuerte invierno: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, disponiendo además la activación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) en sus diferentes niveles entre ellos los provinciales, a los que el régimen, no entrega los recursos económicos que les corresponden mediante Constitución y marco legal.
Un candidato- presidente que está en los territorios en plena campaña de proselitismo político- electoral, sin que CNE, TCE, digan absolutamente nada.
Las élites oligárquicas en el Ecuador, no quieren un Estado fuerte en el país, a fin de mantener exprimiendo sus recursos económicos y monetizar las empresas estratégicas, entre ellas las energéticas como las del petróleo, de electricidad, del espectro radioeléctrico, telecomunicaciones, para mantener su cofradía corporativa, familiar, oligárquica y neocolonialista.
Con dinero e institucionalidad del Estado tenemos a un candidato- presidente, con todo un enracimado de distractores desatados y diseminados en medios de comunicación, redes sociales, que difunden y posicionan la narrativa seguritista del régimen, el cual evidencia el cometimiento de sus agentes estatales de desaparición forzada y juzgamiento extrajudicial, sumado el aparecimiento en los territorios y circunscripciones geográficas del Ecuador del candidato- presidente haciendo campaña electoral, en un país azotado por la violencia criminal con 25 muertes diarias.
En el top 10 de ciudades más violentas del mundo están algunas del Ecuador: Durán, Guayaquil, Machala, por mencionar y consideradas, además, entre las más violentas de Latinoamérica y El Caribe.
Ahora emerge estratégicamente la Fiscalía, con actos urgentes, que evidencian subordinación y sumisión al régimen de Carondelet, que continúa envallado y militarizado.
Mientras tanto, es notoria la ausencia de las autoridades de control electoral como el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Contraloría General del Estado (CGE), y otras instituciones de control. Vuelve la persecución política selectiva, conocida como lawfare, de amplia raigambre en la región Latinoamericana, direccionada como denominan expertos en derecho penal, justicia a la carta.
Al parecer, se cumple el eslogan: no nos inmuta absolutamente nada y el sistema jurídico actúa con una finalidad electoral.
Se utiliza a la Fiscalía, para perseguir con fiscales bastante cuestionados y sobre todo persecución política selectiva, en contra de autoridades pertenecientes a la Revolución Ciudadana, mediante el forjamiento y montaje de pruebas viciadas de nulidad estratégicamente, en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Por ahora, en Ecuador no hay justicia transparente. Esto tendrá solución cuando se recupere la democracia, la justicia, sin rayar en los odios personales. Persecución política con una finalidad política- electoral, significando la intromisión de una de las instituciones del Estado, en un proceso electoral, para inducir a la ciudadanía a un voto subliminal, atentando contra la democracia.
Está destrozado el sistema democrático del Ecuador.
La democracia se está rompiendo descaradamente para contaminar el proceso electoral.
Es repugnante mirar el procedimiento de la Fiscalía, que merece la condena y repudio de todos/as los ecuatorianos/as y de la comunidad internacional.
En Constitución existe la independencia de funciones, pero en la praxis cotidiana no se respeta.
Es evidente la intromisión en funciones de la justicia, en acciones judiciales; procurador general del Estado, como reza su nombre, no es el abogado personal de candidato- Presidente.
Exigimos el allanamiento de Petro-Noboa, empresa de Santiago Noboa Azín, presuntamente involucrado en tráfico de influencias y visos de corrupción, hermano del candidato-presidente, constituida después de su juramentación como mandatario del país.
En el Ecuador la democracia está en terapia intensiva.
Ante la dictadura de hoy, ejecutada durante ocho años, no podemos callar. Cada vez se perfecciona más el software de la persecución política selectiva, con demencial descaro.
Existe una clara manipulación política y persecución en contra de aquellos jueces que no callan y emiten sentencias desfavorables al régimen de Noboa Azín, a quien no le gustan sus dictámenes.
Lo que se traduce en una flagrante violentación del principio de independencia judicial con un silencio sepulcral.
El presidente-candidato ahora tiene el cinismo y osadía de pretender prohibir el uso de celulares en el proceso electoral, cuando el Código de la Democracia, determina que el voto es secreto.
La persecución política del alcalde de Guayaquil comienza cuando surge la sospecha de que podría haber sido candidato a la Presidencia de la República, que es ilegal, ya que se inscribe en una narrativa palaciega del régimen según la cual los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) habían estado presionando para que se vote por la Revolución Ciudadana (RC), lo que no tiene ningún sustento ni pruebas, determinadas en derecho procesal penal. Todo se evidenció, cuando descubrieron que esos números de celulares, al parecer eran pertenecientes a la organización política del régimen Alianza Democrática Nacional (ADN).
El CNE, jurídicamente, no puede prohibir y restringir que la ciudadanía tome fotos de su voto.
Los derechos constitucionales protegen la libertad de expresión que es jurídicamente constitucional, una garantía fundamental del pueblo ecuatoriano, si se quiere publicar en redes sociales la foto del voto.
Presumimos que el CNE y el TCE, están sometidos, no dicen ni hacen absolutamente nada. Ello connota subordinación, al convertirse en apéndice de Carondelet, lo que está prohibido en el marco constitucional y legal.
Dejamos una pista, un hallazgo: el hermano de la presidenta de CNE, es el cónsul del Ecuador en Queens.
Pensar siquiera, en que se pueda dictar una acción de detención preventiva, sería descabellado, porque no hay fundamentación en derecho.
Un juez, debe actuar apegado a derecho cuando emite una acción de providencia. Sin embargo, cabe mencionar que no existe argumentación y menos aún fundamentación en derecho.
Por ahora con unidad en la diversidad es necesario recuperar al Ecuador de las fauces oligárquicas neofascistas y neocoloniales de Noboa Azín, el candidato-presidente el 13 A.
rmh/leg