Por Frei Betto

En los últimos meses, el Congreso Nacional se ha dedicado a promover un peligroso retroceso en la legislación electoral y ambiental para beneficiar directamente a individuos corruptos y ecocidas. Las medidas recientemente aprobadas que flexibilizan las sanciones para los partidos políticos y los delincuentes ambientales son sinónimo de la impunidad que amenaza las instituciones democráticas y los biomas brasileños.

El primer blanco fue el sistema de rendición de cuentas y sanciones para los partidos políticos. La Cámara de Diputados aprobó, en una votación simbólica sin registro nominal, el Proyecto de Ley 4.822/2025. Entre las principales medidas, destacan las siguientes:

1) Limitación de multas: El tope para las multas por irregularidades en las cuentas de los partidos se ha reducido a tan solo R$ 30 mil reales (menos de seis mil dólares), una cantidad insignificante en comparación con los sustanciales recursos del fondo electoral y de los partidos. Actualmente, la sanción puede alcanzar el 20 por ciento del monto considerado irregular por el Tribunal Electoral.

2) Programa de Refinanciamiento de Deudas Electorales: Se creó un programa para permitir el pago a plazos de las deudas hasta por 15 años, lo que permite a los partidos políticos renegociar multas e incluso la devolución de fondos. Esto convierte el castigo en una mera molestia administrativa.

3) «Blindaje» del Fondo Partidario (1): El proyecto de ley impide la incautación o el bloqueo de recursos del Fondo Partidario y del Fondo Especial de Financiamiento de Campañas, incluso en casos laborales o penales, salvo que se demuestre una malversación.

4) Autorización para «bots electorales»: El texto permite el envío automatizado de mensajes de campaña a números de teléfono pre registrados. En la práctica, autoriza el envío masivo de mensajes mediante bots, un caldo de cultivo perfecto para la difusión de noticias falsas y desinformación en pleno año electoral.

5) Eliminación del análisis de cuentas: Si el Tribunal Electoral no evalúa las cuentas de un partido en un plazo de tres años, el proceso se dará por terminado automáticamente. Esto reduce drásticamente el tiempo de supervisión y aumenta las posibilidades de impunidad.
La aprobación se produjo en una sesión plenaria con escasa asistencia y sin debate, lo que generó sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la medida. La organización no gubernamental Transparencia Internacional criticó duramente el proyecto, calificándolo como un retroceso que debilita la supervisión y aumenta los riesgos de impunidad.

En septiembre de 2025, el Senado aprobó un proyecto de ley que modificaba la Ley de Antecedentes Penales Limpios (Lei da Ficha Limpa) (2), reduciendo el tiempo de castigo para los políticos condenados. El cambio unificó el período de inhabilitación en ocho años, pero adelantó el inicio del cómputo a la fecha de la condena o renuncia, y no después del final del mandato. En la práctica, redujo el tiempo efectivo de inhabilitación para los políticos destituidos y les permite regresar a la política mucho antes.

Aunque no afecta directamente al expresidente Jair Bolsonaro, la aprobación fue celebrada por los aliados del Centrão (bloque de centroderecha) y de la base del gobierno. Organizaciones anticorrupción advierten que el texto ataca la esencia de la Ley de Antecedentes Limpios y podría beneficiar a políticos ya condenados.

El Paquete de la Devastación

Mientras la sociedad se moviliza contra el cambio climático, el Congreso acelera la aprobación de proyectos que desmantelan la protección ambiental, conformando el llamado «Paquete de la Devastación»: más de 25 proyectos de ley y tres enmiendas a la Constitución que amenazan las licencias ambientales, las unidades de conservación y los territorios indígenas.

El principal objetivo fue la Ley General de Licencias Ambientales (PL 2.159/2021), apodada por sus críticos como la «Ley de la Devastación». Tras ser sancionada con 63 vetos por el presidente Lula, el Congreso Nacional revocó cerca de 52 puntos vetados y restableció disposiciones consideradas inconstitucionales y peligrosas.

Entre las secciones restablecidas, destacan las siguientes:

1) Licencias por adhesión y compromiso: Permite que proyectos de impacto medio e incluso alto (como la minería) se licencien con una simple declaración del empresario, prescindiendo de estudios exhaustivos.

2) Descentralización del poder: Transfiere a los estados y municipios la responsabilidad de definir el potencial contaminante de un proyecto. En otras palabras, genera una «guerra fiscal ambiental» donde las entidades federativas compiten por ofrecer menos requisitos y atraer inversiones.

3) Debilitamiento de la consulta comunitaria: Restringe la consulta a los organismos responsables de las unidades de conservación y la protección de los pueblos indígenas y quilombolas (cimarrones), amenazando territorios que ni siquiera cuentan con una demarcación completa.

4) Mata Atlántica (3): Se revocó un veto que protegía la Ley de la Mata Atlántica. Se autorizó la supresión de la vegetación nativa en uno de los biomas más amenazados del país.

La organización WWF-Brasil (World Wide Fund for Nature-Brazil) calificó la decisión como uno de los “retrocesos más graves en la legislación ambiental brasileña en las últimas décadas”. Amnistía Internacional afirmó que el texto representa un ataque sin precedentes contra el medio ambiente y los derechos humanos.

En febrero de este año, se presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley 2.850/25, que concede amnistía para las infracciones ambientales cometidas por productores rurales en el estado de Acre hasta diciembre de 2024. La propuesta permite la revisión e incluso la anulación de multas consideradas «desproporcionadas», utilizando criterios vagos como el valor de la propiedad o la capacidad económica del infractor. En la práctica, la medida fomenta la deforestación y el acaparamiento de tierras, a la vez que sobrecarga con procesos de revisión a organismos de supervisión como IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara aprobó, de manera definitiva, el Proyecto de Ley 364/19, que modifica el Código Forestal. El texto establece como «áreas rurales consolidadas» los campos nativos (la Pampa, el Pantanal y partes del Cerrado y de la Amazonía), permitiendo su conversión a la agricultura, la ganadería o la minería sin ningún tipo de licencia. Las organizaciones de la sociedad civil advierten que la medida dejará desprotegidas aproximadamente 48 millones de hectáreas de vegetación autóctona, lo que supone una amenaza para la biodiversidad, la seguridad hídrica y el clima.

Lo que estamos presenciando es un movimiento coordinado del Congreso para desmantelar los sistemas de supervisión y sanción que garantizan la integridad de las elecciones y la protección del medio ambiente. Al flexibilizar las normas para los partidos políticos, reducir los plazos para la Ley de Antecedentes Penales Limpios y aprobar el «Paquete de la Devastación», los parlamentarios están, en la práctica, protegiendo la corrupción y el ecocidio.

La autorización para el envío automatizado de mensajes, el pago a plazos de deudas durante 15 años y la limitación de las multas a tan solo 30 mil reales convierten las sanciones electorales en una farsa. De igual modo, la exención de los estudios de impacto para la minería y la amnistía para los deforestadores legalizan la destrucción de biomas en nombre del supuesto desarrollo económico.

Queda por ver si el Supremo Tribunal Federal (STF) y la sociedad civil organizada podrán frenar este avance. Por ahora, el resultado es alarmante: un Congreso que insiste en cavar la propia tumba para la democracia y el planeta.

En octubre, renovaremos el Congreso Nacional. Necesitamos elegir representantes y senadores comprometidos con la ética y el medio ambiente.

Rmh/fb

(1) El Fondo Especial de Asistencia Financiera a los Partidos Políticos, llamado Fondo Partidario, está compuesto por asignaciones presupuestarias de la Unión, multas, sanciones, donaciones y otros recursos financieros que les son asignados por ley.

(2) La Ley de Antecedentes Penales Limpios (Ley Complementaria N° 135/2010) es una legislación brasileña que impide que los políticos condenados por los tribunales (mediante sentencia colegiada o por órganos colegiados) se postulen para cargos públicos. Su principal objetivo es proteger la probidad administrativa y la moral electoral.

(3) La Mata Atlántica es uno de los biomas más ricos y amenazados del mundo, y comprende un conjunto de bosques y ecosistemas costeros que se extienden por 17 estados brasileños, así como por partes de Argentina y Paraguay. Alberga una inmensa biodiversidad y es vital para el equilibrio climático y el suministro de agua.