Por Luis Onofa

Dos años y medio después de haber asumido el gobierno de su país, opción que ni el mismo lo esperaba, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, registra muchas deudas a la población de su patria y haberes de peso a favor de los acreedores internacionales y el FMI.

Uno de aquellos débitos está en el campo de los derechos humanos, donde su volumen y peso se vuelven cada vez más inmensos y mayores, a medida que transcurre el tiempo. Las denuncias sobre violaciones a esos derechos en las redadas policiales y de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico son frecuentes.

Organizaciones especializadas reportan al menos 51 desapariciones forzadas en operaciones de las fuerzas del orden, en lo que va de la administración de Noboa (2023-). Informes no oficiales reportan más de 200 presuntos delincuentes “abatidos”, según el lenguaje oficial, en enfrentamientos con militares y policías.

Un caso simbólico es el de cuatro adolescentes desaparecidos en un operativo de miembros de la Fuerza Aérea, en Guayaquil, en diciembre de 2024, en pleno mandato de Noboa. Los restos de las víctimas aparecieron tiempo después incinerados en un lugar distante de esa ciudad portuaria. El gobierno de Noboa pretendió manipular el hecho al afirmar que las víctimas eran delincuentes, pero su discurso se desvaneció con las evidencias en contrario. Los más de veinte integrantes de la patrulla militar que intervinieron en el episodio recibieron duras condenas de prisión. Esa tragedia ha empañado la imagen internacional del gobierno de Noboa.

La “guerra” declarada por Noboa al narcotráfico, la militarización de la seguridad pública, los frecuentes estados de excepción, no arrojan resultados convincentes, según el balance de organismos internacionales especializados. Al contrario, parecen haber facilitado la comisión de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas del orden.

Pero hay otros hechos que develan el carácter punitivo de su administración. Noboa ha optado por medidas de fuerza, antes que por políticas sociales para enfrentar al narcotráfico. En lo que lleva de su mandato, el gobernante no ha inaugurado una sola obra pública de magnitud social o económica que no sea la construcción de una enorme cárcel de máxima seguridad, en apenas 300 días, con capacidad para albergar a 800 detenidos “altamente peligrosos”.

Esa penitenciaría, con murallas de seis metros de espesor a su alrededor, llamada “Cárcel del Encuentro”, está destinada a la reclusión de los más “peligrosos delincuentes”, según el lenguaje oficial.

No obstante, sirve también para la tortura psicológica de sus adversarios políticos. A ella han sido llevados dos dirigentes políticos de oposición: el ex vicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mientras se desarrollan procesos judiciales en su contra. La cárcel, procesos judiciales por presunta corrupción forman parte de la estrategia de Noboa para dejar fuera de la cancha a todos sus adversarios políticos para las elecciones de gobiernos locales en noviembre de 2026 y preparar el camino para lograr su objetivo de reelegirse en 2029.

Las cárceles del país son un patético testimonio de falta de respeto a los derechos estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De acuerdo con ese documento, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación.

Sin embargo, los centros penitenciarios de Ecuador, sobrepoblados e insalubres, viven una crisis alimentaria de larga data, que Noboa no la enfrentado. El presupuesto con el que cuentan para alimentar a cada preso oscila entre 2.50 y 3.00 dólares diarios, situación agravada por la “mano dura” que les aplica el gobierno a los reclusos, y por los asesinatos que se comenten en medio de las disputas entre bandas del crimen organizado.

En las cárceles de este país hay cientos de presos contagiados de tuberculosis. Uno de cada cuatro contagiados en Ecuador está recluido en cárceles. La tuberculosis es una enfermedad que aparece y se propaga en ambientes cerrados como las cárceles, faltos de higiene y por desnutrición de las víctimas.

Además, la inseguridad en el país no da tregua. Al contrario, se extiende cada vez más por el territorio nacional, al modo de una plaga. Territorios hasta ahora libres de muertes violentas empiezan a ser también escenario de crímenes relacionados con extorsiones y narcotráfico. En 2025 se produjeron nueve mil 216 muertes violentas, que representan una tasa de 50.91 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En el primer trimestre de 2026 se registraron mil 857 homicidios intencionales. Estas cifras colocan a Ecuador entre los países más violentos e inseguros de la región y del mundo.

El gobierno de Noboa, empeñado únicamente en una estrategia de fuerza para combatir al crimen organizado, con apoyo de Estados Unidos, ha ignorado el pedido de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas para que se ponga fin al uso indebido de la fuerza; se abran canales de diálogo plural y de consulta con la sociedad civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales; se garantice el debido proceso para los detenidos, y se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Noboa le debe mucho a la mayoría de sus compatriotas, pero tiene a su haber el riguroso cumplimiento de los postulados neoliberales del Fondo Monetario Internacional, al cual se sujeta de manera disciplinada para contar con su financiamiento y ante el cual cuenta con el padrinazgo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esa estrategia le ha ganado la confianza de los acreedores extranjeros, a quienes paga de manera cumplida (en 2026, Ecuador debe abonar más de seis mil millones de dólares). A cambio recibe generosas calificaciones: el llamado riesgo país que en el caso de Ecuador era uno de los más altos de la región, ahora se ha reducido de manera aguda.

De esa calificación se congratulan analistas y los medios masivos afines a Noboa para elogiar el “reordenamiento” de la economía. Pero al resto de la población le es indiferente, porque no le beneficia de manera directa alguna. Al contrario, allí radican los orígenes de su penuria, en la medida en que se restringen inversiones públicas y presupuesto para las áreas sociales y se despiden trabajadores de manera masiva.

Durante largo tiempo, la población, narcotizada por la propaganda oficial y la narrativa mediática afín a Noboa, no había alcanzado a distinguir las causas del deterioro de su situación económica y social. Sin embargo, la realidad es más fuerte. El estrangulamiento tributario y las restricciones en el gasto a los que la somete Noboa están despertándola; inclusive las capas medias, ajenas a la asfixia financiera estatal sienten el apretón tributario y la fuerte alza del precio de los combustibles.

Ello se traduce en una profunda caída de la popularidad de Noboa. Los encuestadores adictos al oficialismo han dejado de publicar el resultado de sus sondeos, pero aquellos que mantienen algún nivel de independencia advierten que la popularidad del gobernante ha caído profundamente hasta situarse en menos del 30 por ciento, después que hace un año bordeara el 60 por ciento.

¿Se traducirá ese fenómeno en los comicios de noviembre próximo, en los que se renovarán los gobiernos seccionales? Por ahora, no hay certezas para responder a esa pregunta.

Los resultados que arrojen esas elecciones dependen de la claridad de conciencia sobre la realidad que hayan adquirido los estratos populares y las capas medias.

rmh/lo