Por Leoníd V. Savin

A finales del mes de abril, Ucrania presentó una solicitud al Consejo de Europa relacionada con la necesidad de aplicar una suspensión parcial en el país de ciertos elementos de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertad, debido a la situación militar.

Los medios ucranianos también informaron que en el territorio donde se introdujo la Ley Marcial, el mando militar puede obligar a la requisición de la propiedad y a privar a los dueños de los derechos de propiedad privada o comunal para cubrir las necesidades del Estado y, emitiendo los documentos apropiados: introducir el toque de queda; establecer un modo especial de entrada y salida, limitar la libertad de circulación de los ciudadanos extranjeros y personas apátridas; realizar la inspección de vehículos, equipaje y las cargas, las oficinas y las viviendas de los ciudadanos.

Además, la jefatura militar puede prohibir las reuniones pacíficas, los mítines, las campañas políticas, las manifestaciones y otros eventos masivos. También se estableció la prohibición o restricción para la elección de la residencia a las personas en los territorios donde se introdujo la situación militar. Esto es para controlar a los ciudadanos sujetos a obligaciones militares o especiales y prohibirles cambiar de residencia sin el permiso apropiado

Obviamente, esta es solo la punta del iceberg. De hecho, en el país se han registrado unas 400 y tantas violaciones a su propia legislación, y de todas las convenciones que la parte ucraniana había firmado con anterioridad. Lo anterior lo confirma un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ucrania, publicado nada más y nada menos que por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin obviar el hecho de que Washington es el actual aliado militar y político de Kiev y en su informe, claro está, de vez en cuando se refieren a la “invasión rusa” o a las consecuencias asociadas con ella, sin embargo, es bastante crítica con el régimen de Zelenski.

En particular, en el informe se asume que “…la Constitución y las leyes reconocen y garantizan la libertad de expresión, incluyendo la de prensa y otros medios, pero las autoridades no siempre cumplieron con estos derechos…”. El Presidente Zelenski firmó el Decreto sobre la introducción de la Ley Marcial en febrero de 2022 después de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, lo que llevó a restricciones adicionales a los medios y a las libertades de los medios de comunicación.

Por ejemplo, el llamado “Maratón de la Televisión Nacional” es una plataforma aglutinante de canales que apoyan la posición del gobierno en torno a los eventos militares, que les ha permitido asegurarse un nivel de control sin precedentes sobre las noticias de televisión en tiempo real. Además, en la primavera de 2022, algunos medios informaron de la terminación de contratos rentables para la radiodifusión terrestre bajo las presiones de la administración presidencial.
El Gobierno ha prohibido, bloqueado o sancionado a medios y periodistas individuales que, a juicio de las autoridades, representan una amenaza para la seguridad nacional o porque expresaron posiciones que socavan la soberanía y la integridad territorial del país. Algunos de estos fueron incluidos en una lista negra desde el momento en que criticaron los programas gubernamentales. Periodistas- investigadores críticos del gobierno a veces se convirtieron en un objetivo de las campañas de descrédito en las redes sociales y a veces también en canales asociados al gobierno. La libertad de los medios continuó incitando otras prácticas, incluida la autocensura.

La libertad de expresión: excepto en raras excepciones, las personas residentes en áreas bajo el control del gobierno ucraniano generalmente pueden criticar al Gobierno públicamente y privadamente y discutir cuestiones de interés público sin temor a la represión oficial.

El informe señala que, junto con la simbología nazi, en el país están prohibidos el uso de la cinta de San Jorge y los símbolos comunistas. Por el uso de estos últimos los ciudadanos pueden ser encarcelados. Sin embargo, la simbología nazi se utiliza en Ucrania constantemente tanto por personas civiles como militares y a nadie se le exige responsabilidad al respecto.

Por otra parte, a la luz de los hechos del año 2023, se ha hecho evidente que “…a veces las autoridades han iniciado la persecución de periodistas y se hacen de la vista gorda en cuanto al cumplimiento de sus propias leyes…”.

Los funcionarios del gobierno no pocas veces rechazaron el acceso a las áreas del conflicto a periodistas debidamente acreditados, refiriéndose para ello a consideraciones de seguridad nacional. Por ejemplo, en junio, las autoridades se negaron a prorrogar la acreditación al fotorreportero Anton Skibe, que trabaja para el periódico canadiense The Globe and Mail, y con ello el acceso a las áreas del conflicto bélico. El servicio de seguridad de Ucrania exigió que Skibe se sometiera al detector de mentiras, acusándolo de portar un pasaporte ruso y asegurando que su trabajo es contrario a los “intereses nacionales” del país. Sin embargo, cuando este tema trascendió al público, le fue prorrogada su acreditación para cubrir la guerra en Ucrania.

Se reportaron amenazas de funcionarios del gobierno con atacar a periodistas. y ciertos grupos defensores de la libertad de medios de expresión afirmaron que el gobierno utilizó la seguridad nacional como pretexto para silenciar los medios de comunicación por críticas a sus actividades.

El texto de la agrupación señala que: “…durante la guerra, el país violó varias de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluidas las relativas al derecho a la reunión pacífica…”, incluso, antes de que se introdujeran las regulaciones militares en 2022, impuestas de conformidad con una directiva de la era soviética, que otorgaba amplias competencias para autorizar, o negarse a permitir, reuniones de orden público por razones de seguridad.

Los ataques contra la sociedad civil son sistemáticos y a menudo no se investigan correctamente. Las ONG internacionales y locales de Derechos Humanos se preocuparon por la falta de responsabilidad del Estado ante estos ataques que, a su juicio, crearon una atmósfera de impunidad. En los primeros nueve meses de 2023, las ONG de derechos humanos han documentado 22 casos de violencia contra los representantes de la sociedad civil. Sin embargo, la corrupción sigue extendiéndose.

El Buró Nacional Anticorrupción (NABU) nombró a un nuevo director que inmediatamente emprendió 450 procesos investigativos, de los cuales se derivaron 41 cargos penales. Entre los acusados se encontraron miembros del parlamento, funcionarios públicos, jefes de empresas estatales y siete jueces. La Fiscalía General declaró que siete jueces fueron condenados por extorsión y condenados a prisión por un período de tres a siete años. Para combatir la corrupción, El NABU y la Fiscalía realizaron investigaciones y abrieron casos penales, a pesar de la existencia de la Ley Marcial y otros obstáculos.

La sociedad Civil y los medios de comunicación señalaron que la corrupción todavía estaba generalizada en todos los niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, habiendo influido en los organismos judiciales y de aplicación de la ley, la gestión de la propiedad estatal y las empresas estatales, así como la regulación estatal.

La élite y los oligarcas anti-corrupción siguen presionando a los cuerpos de lucha contra la corrupción utilizando campañas de desinformación y maniobras políticas para socavar la confianza de la sociedad y el lento progreso en la reforma. Las organizaciones de derechos humanos pidieron una mayor transparencia y discusión de los cambios propuestos en estos órganos, especialmente en lo que respecta a los procedimientos para designar puestos superiores.

En lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos en torno a la discriminación por origen étnico, lo que más se ha podido documentar son las restricciones a los gitanos, así como algunos hechos de antisemitismo (aunque como es conocido, el propio Zelenski es de origen judío). En lo que respecta al uso del idioma ruso y de la identidad cultural rusa, el informe simplemente hace mutis, aunque la guerra civil en 2014 comenzó precisamente por esto.

Sin embargo, dedicó amplio espacio a los diferentes grupos transgénero y se puede leer que los representantes del movimiento LGBT+ son muy activos “en la guerra contra Rusia”.

Por supuesto, el informe también invisibiliza los diversos delitos cometidos por la junta de Kiev, como quemar vivas a personas en la Casa de los Sindicatos de Odessa, un crimen cometido hace 10 años, así como otros muchos que se cometieron contra civiles en el Donbass.

La falsificación de la historia es un vicio común entre los “defensores” de los Derechos Humanos occidentales, porque las víctimas y sus victimarios no disfrutan por igual del principio de Justicia. Este está supeditado a criterios de utilidad política y orientación ideológica. Por lo tanto, un transgénero de Kiev, para Estados Unidos será más importante que una docena de miles de rusos de la misma ciudad. De ahí que la única esperanza para el respeto de los Derechos Humanos solo la puede traer el ejército ruso.

(Traducción del ruso. Oscar Julián Villar Barroso. Doctor en Ciencias Históricas y Profesor Titular de la Universidad de La Habana).

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