Por Luis Onofa

A menos de un mes de haber comenzado su segundo mandato, Daniel Noboa, ha derramado sobre el Ecuador una cascada de reformas constitucionales, penales y financieras con el argumento de que son necesarias para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, las que, sin embargo, podrían derivar en violaciones a los derechos humanos, aunque su gobierno ha prometido lo contrario.

De paso, con esa oleada de propuestas, la plutocracia, que desde 2017 ha ido copando paulatinamente los poderes del estado de este país, ha avanzado en completar el trazo de su propio rostro. Al neoliberalismo tallado en los ocho años que lleva en el gobierno le ha añadido la legalización del autoritarismo y ha mostrado una caduca vocación neocolonial.

El paquete de cambios a las leyes penales da a las fuerzas del orden, la facultad de allanar domicilios sin orden judicial previa; faculta al presidente de la República declarar conflicto armado interno en cualquier momento, e indultar a los agentes del orden público que intervinieren en operativos contra el narcotráfico y la minería ilegal, en caso de que fueren procesados por la justicia. La reforma omite cualquier control de la Corte Constitucional o una fiscalización de la Asamblea Nacional al gobierno sobre las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, en el combate a fuerzas que se colocasen fuera del marco legal vigente.

En esa línea también se inscribe otra propuesta de Noboa: la expedición de una ley de Inteligencia que pone al presidente de la República a la cabeza de la espía gubernamental y otorga a los miembros de los organismos que componen el sistema de espíonaje la facultad de acceder a datos y comunicaciones personales e institucionales sin orden judicial. Además, califica como reservados los fondos que se utilizaren en pesquisas secretas, al punto que solo accederá a su examen el Contralor General del Estado, quien, una vez cumplida esa tarea, no dejará huella alguna del uso de los mismos, porque todos los documentos deberá incinerarlos. El recurso de “gastos reservados” no es nuevo en el país. Estuvo vigente hasta la década de los 90 del siglo pasado, cuando escandalosos casos de corrupción que involucraron a un vicepresidente de la República y desembocaron en su destitución y huida del país, llevaron a eliminarlo.

Más de medio centenar de organizaciones de derechos humanos han cuestionado su contenido. Admitieron que el país necesita seguridad, pero sin sacrificar sus libertades. En consecuencia, la objetaron porque se “aleja peligrosamente del estado de derecho”, crea un sistema de vigilancia masiva incontrolado, genera impunidad para los agentes que cometan abusos en ejercicio de sus funciones, es violatoria de derechos humanos, y deja a los actores sociales a merced del poder estatal. Inclusive los medios hegemónicos, a su modo, sin pronunciarse de manera oficial, han evidenciado su preocupación por la vigencia de esa ley, al tratar el tema en sus espacios periodísticos diarios.

Noboa y su mayoría en la Asamblea Nacional, también suprimieron la prohibición constitucional de que se instalen bases militares extranjeras en el país. Aunque la propuesta todavía pende de un referendo para entrar en vigencia, la decisión muestra varios hechos: primero, una riesgosa alineación del país con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, ahora confrontado con China y Rusia, con los cuales Ecuador mantiene una intensa relación comercial. Esa propuesta tampoco es original de Noboa. Es parte de una estrategia en las relaciones internacionales que data de sus antecesores Lenin Moreno y Guillermo Lasso, enfilada con los poderes hegemónicos mundiales en lugar de la integración regional.

Todos los cambios constitucionales y legales fueron aprobados por la Asamblea Nacional en una coyuntura propicia para el retroceso político, fraguada por la derecha, de manera intensa y constante desde hace ocho años con el apoyo de los medios hegemónicos: la población está dominada por el miedo, el odio a Rafael Correa y por un imaginario de violencia e inseguridad, que la inmovilizan.

El lenguaje de las fuerzas del orden está cargado de agresividad. Los jefes policiales hablan de manera pública de eliminar o apresar “objetivos de alta, mediana o baja peligrosidad”. Ya no son personas las perseguidas por las fuerzas del orden, sino objetos. En su discurso de posesión, el nuevo comandante del Ejército, general Henry Delgado, habló de usar el poder militar no solo para “desarmar y neutralizar enemigos”, sino para “eliminarlos”. El jefe militar se refirió a la coyuntura ecuatoriana como marcada por el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Su discurso supo a vendetta antes que a una estrategia de enfrentamiento al narcotráfico. Se produjo días después de la muerte de once militares, soldados y oficiales, presumiblemente a manos de algún grupo dedicado a la minería ilegal en la amazonia.

Pero, algún tiempo más atrás, en diciembre de 2024, cuando Noboa carecía aún del poder con el que cuenta ahora, un contingente militar detuvo a cinco niños y adolescentes en Guayaquil, cuyos restos se encontraron días más tarde incinerados y con huellas de tortura, en una zona adyacente a ese puerto. Los responsables directos del apresamiento están detenidos y han intentado un trato judicial especial para su caso. Organizaciones de derechos humanos hablan que esos hechos son repetidos y que hay cerca de 30 desaparecidos en las operaciones policiales y militares contra el narcotráfico, de los que no se habla públicamente.

Late en el país el recelo de que la intrincada red de reformas es una carta que también puede ser utilizada por el gobierno en su confrontación con organizaciones sociales y políticas opositoras: en el fondo, le podría servir menos para terminar con la violencia del narcotráfico, pero serle funcional para neutralizar cualquier descontento popular o de la oposición política, no descartables en un momento en el que el neoliberalismo no ha resuelto la crisis de violencia, inseguridad, estancamiento económico, desempleo y aguda concentración de la riqueza en pocas manos que adolece el país.

Por ello, legisladores de centro izquierda sostienen que esas reformas “abre (n) al estado las puertas al abuso y la persecución política”, y las califican de punitivas. Dirigentes del movimiento indígena y organizaciones defensoras de derechos humanos, han expresado preocupación ante la posibilidad de que las reformas deriven en violaciones a sus derechos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sostiene que la propuesta de Noboa «representa una grave amenaza contra los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado plurinacional de derechos», y es «un intento inconstitucional por instaurar un régimen represivo al amparo del ‘conflicto armado interno’», que el gobernante declaró en 2024 para luchar contra el narcotráfico.

La derecha y sus gobernantes del ciclo neoliberal han mostrado desubicación histórica sobre el momento mundial. Si Lenin Moreno y Guillermo Lasso se empeñaron en alinearse con los intereses geoestratégicos de Washington y el Pentágono, al firmar sucesivos acuerdos de cooperación militar y policial, Noboa ha llevado a Ecuador a ceder soberanía de manera abierta y embarazosa para el país.

Aunque en el debate parlamentario sobre el levantamiento de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano nunca se mencionó de manera explícita a Estados Unidos, esta potencia estuvo omnipresente en el imaginario de todos los asambleístas del gobierno como la salvadora en la guerra contra el narcotráfico que libra Noboa. Pero Washington ha dicho que entre sus planes no está instalar bases militares en territorio ecuatoriano, al menos en su formato tradicional.

En rigor, no las necesita, porque ya tiene tropas que con moderna y alta tecnología ambulan por las Galápagos y el puerto de Manta, en el litoral central del país, en razón de acuerdos de cooperación de lucha contra el narcotráfico, suscritos por Moreno y Lasso, y refrendados por Noboa. Ello le basta, por el momento, al Pentágono para monitorear el norte y el sur del Pacífico ecuatorial, en su guerra no declarada con China y con Rusia, por la recomposición geoestratégica mundial.

El autoritarismo ha sido una marca en la gestión de Noboa. En la campaña electoral de 2025, el gobernante ignoró la norma constitucional que le obligaba a pedir licencia para su proselitismo e hizo propaganda electoral desde el poder, lo que le dio una ventaja que finalmente le permitió ganar las elecciones. Incumplió la norma constitucional que le obligaba a encargar su función a la vicepresidenta Verónica Abad y delegó el cargo a asistentes administrativas suyas, no autorizadas por la Asamblea Nacional y menos elegidas por el voto popular.

Una vez posesionado para su segundo mandato, el gobernante y su organización política, Acción Democrática Nacional, coparon todas las funciones de dirección del órgano legislativo, en contra de una distribución equitativa con la Revolución Ciudadana, como dispone la ley, por ser ésta la primera fuerza parlamentaria.

En su discurso de posesión, Noboa se ufanó de la tónica que impuso en la campaña. “Nunca fue una campaña, es una forma de gobernar… indescifrable para la vieja política”, dijo. Probablemente tiene razón. El joven mandatario, nacido en Estados Unidos de Norteamérica y formado en Harvard para administrar y dirigir empresas, no gobierna el Ecuador, lo gerencia. Los gerentes no buscan consensos políticos, ordenan.

Noboa ha utilizado el poder para formar una mayoría legislativa que, aunque no es holgada, luce sólida, y le ha permitido que se aprueben todas sus propuestas de manera rápida y sin sobresaltos. A ello han contribuido el resto de la derecha que no forma parte del oficialismo y el inesperado “pragmatismo” de una parte de los nuevos legisladores indígenas, que se ha plegado al gobierno por su oferta de que atenderá las necesidades de sus comunidades. Ello le ha dado al mandatario una holgura en la administración del país, cuyo tiempo de duración, sin embargo, sigue siendo una incógnita.

rmh/lo