Por Julio C. Gambina

En esta semana está el FMI en la Argentina para hacer la primera revisión del préstamo por 20 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron ya 12 mil millones.

Hay confianza en el gobierno sobre una auditoría favorable, aunque el dato es el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales. El gobierno estima que lo suple con el sobrecumplimiento del equilibrio fiscal, la política monetaria de restricción a la emisión.

Claro, eso es lo que se ve en la superficie, aunque el FMI podría observar la capitalización de los intereses, ya que, si no se capitalizaran esos intereses de la nueva deuda asumida, no habría superávit financiero, un “caballito de batalla” del gobierno en la disputa de consensos electorales.

Lo real es que poco puede importarle al FMI la “contabilidad creativa” de las autoridades económicas en la Argentina. En definitiva, el que decide, más allá de lo que digan los técnicos de visita en el país, es el directorio del FMI. Un directorio que ya se subordinó a la dominación estadounidense en el momento de la aprobación del préstamo a la Argentina. Por eso es muy probable que los dos mil millones de dólares previstos a desembolsar en este mes sea una realidad, agravando el condicionante del endeudamiento.

Inflación, deuda y disputa política

Al mismo tiempo, el gobierno sigue acudiendo al endeudamiento como un mecanismo de equilibrio macroeconómico y llegar a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y a octubre en las elecciones de medio tiempo, con balances manipulados mediáticamente para consolidar el consenso electoral. Un consenso necesario para avanzar con su política de reestructuración regresiva, las reformas laborales y previsionales, que es lo que interesa esencialmente al poder real, local y global.

En ese marco el gobierno privilegia la baja de la inflación, sea el dato que sea el que registre este mes de junio, aun por encima del 1,5 por ciento de mayo pasado. La expectativa y aspiración gubernamental es mantener el registro por debajo del dos por ciento.
La intencionalidad política en el gobierno es mostrar la continuidad de la tendencia decreciente de los precios, desde el 25,5 por ciento original de diciembre del 2023. Claro, un registro autogenerado por la devaluación al inicio del gobierno Milei, pero con posibilidad discursiva de transferir responsabilidad a la gestión anterior. Desde aquel 25,5 por ciento de diciembre del 2023 al 1,5 por ciento del último mes resulta el principal “activo” en la disputa electoral del consenso.

Es lo que aun genera expectativas en una parte de la sociedad empobrecida, que ve en el indicador de precios la posibilidad de que repunte su calidad de vida vía consumo popular.

La suba estadística del consumo está asociada al gasto de los ingresos medios altos y altos, que explica el impacto de la compra de automotores, de inmuebles e incluso del turismo local y especialmente el turismo al exterior. Parte de esa reflexión es el aumento del consumo de bienes importados, producto de la apertura indiscriminada que genera la política pública. El objetivo es inducir la baja en los precios en el mercado interno. Así, los productos extranjeros compiten con los locales, disputan consensos electorales, pero destruyen producción local y crecimiento del desempleo y la irregularidad y precariedad laboral.

La gran preocupación en los sectores sociales de menores ingresos es la suba de los precios, la inflación. Por eso, el centro de la política económica controla un precio en particular, el tipo de cambio, con el costo de desarme de la producción local y la pérdida de empleos.
También crece la protesta social, que en estos días involucra especialmente al sector sindical, con la movilización del miércoles 25 de junio, que involucra a gremios de la CGT, a las CTAs. Destaca la presencia de los estatales, y sobre todo, aquellos del núcleo de la acumulación capitalista en la Argentina, como son los aceiteros, del complejo oleaginoso de exportación, núcleo central del ingreso de divisas por exportaciones.

La misión del FMI es clave para el gobierno y tratar de evidenciar un aval internacional a su gestión. Ese aval se logró con el otorgamiento del préstamo, que se ratificará con el próximo desembolso por dos mil millones de dólares.

Con esta auditoría del FMI, el gobierno Milei busca ratificar la confianza del organismo internacional, y con eso, habilitar la condición de posibilidad para más deuda, un gran problema para la sociedad, ya que la deuda es y sigue siendo el gran condicionante de política económica en la Argentina.

rmh/jcg