Por Gustavo Espinoza M.

Las sentencias dictadas el jueves pasado contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta en el juicio que se iniciara en el mes de marzo, pero también la anunciada 48 horas antes contra Martín Vizcarra Cornejo, no hacen sino pintar de cuerpo entero a la “justicia” de la Mafia que impera en el país. Para decirlo en una sola palabra, constituye una venganza.

En realidad, revela la mala entraña de quienes se sienten propietarios del país y se reservan el “derecho” de decidir el destino y la suerte de cada uno de los peruanos. Por lo pronto, a los que más odian, y a los que pueden destruir buscan golpearlos con los métodos más perversos, destilando todo el odio de clase que emana de sus más recónditos intersticios viscerales.

En el caso de Pedro Castillo y sus coacusados, el asunto es francamente clamoroso. Un Tribunal integrado por jueces provisionales tuvo a su cargo el procedimiento y lo desarrolló con singular impudicia. De comienzo a fin, el proceso fue una parodia. El acusado estuvo virtualmente secuestrado y las audiencias se llevaron a cabo en el mismo centro carcelario que le fuera habilitado, para que no pueda “ver la calle”.

Le negaron el uso de la palabra al acusado cuantas veces quisieron hacerlo y hasta le cortaron el sonido para que no se escuchara su voz cuando hablaba. Y en el extremo, expulsaron de la sala al abogado de Betssy Chávez, el doctor Raúl Noblecilla, para no oír sus alegatos.
Ya en la parte final del juicio, dictaron sentencia por un supuesto delito del que no estaban acusados los procesados. Originalmente la acusación se formuló por un presunto Golpe de Estado, pero no se pudo sustentar. Como quien cambia de montura en el trayecto, los jueces optaron por “cambiar de delito”, y lo acusaron de Rebelión. Tampoco esta vez acertaron, porque la rebelión implica uso de armas, y no pudieron mostrar ninguna. Se vieron forzados, por eso, a variar nuevamente la nómina de la causa y diseñaron así un tercer delito: “conspiración para rebelión”.

Claro que ese título delictivo, tampoco les servía, porque la conspiración existe cuando por lo menos tres personas se ponen de acuerdo y se reparten tareas para cometer el delito. Y, obviamente, esas personas debieran disponer de los recursos necesarios para implementar la acción. Si se trata de una rebelión, debieran por lo menos, comandar algún destacamento militar que pudiese alzarse en armas, lo que ninguno de los acusados configura. Ellos mismos no estaban armados, ni disponían de recurso bélico alguno.

En el extremo de la incapacidad jurídica para condenar, dos de los tres jueces del colegiado optaron por dictar una sentencia. Alejándose del marco constitucional, construyendo una ruta legal distinta en base a hipótesis no acreditadas, como lo sostuvo el juez Iván Guerrero López en dictamen singular absolutamente ignorado por la “prensa grande”, que se obstina en repetir hasta la saciedad que Castillo es “golpista” y fue condenado por eso.

Por lo demás, el nivel de las “pruebas” usadas para acreditar ese supuesto “delito” raya en lo ridículo. Los dos miembros del Colegiado en mayoría sostienen sin rubor alguno que “la prueba” de la “colusión” de los acusados estriba en el hecho que se abrazaron al término del discurso del presidente Castillo. Si no se hubiesen abrazado, si solo se hubiesen dado la mano, no existirían “pruebas” de la “complicidad” establecida por los jueces.

Al escuchar tan riguroso fundamento en una sentencia, no se sabe si sentir pena por el grotesco nivel jurídico de los magistrados; o rabia por la infinita torpeza- ¿o ingenuidad?- de los acusados que pudieron haber evitado la condena sólo sin haberse dado un abrazo.

Es verdad que los fundamentos de la sentencia son tan débiles que una Sala Superior a la que habrán de recurrir en apelación los acusados, perfectamente podría anularla y disponer un nuevo juicio o simplemente la libertad de los encausados. Y si eso no ocurriera en la Justicia Peruana, cualquier Tribunal Internacional abogaría por la inmediata libertad de quienes no son sino víctimas de una estúpida venganza.

¿Y por qué quisieran tomar venganza quienes propiciaron este mamarracho seudo judicial?. En primer lugar, porque no le perdonan a Pedro Castillo el haberle ganado a Keiko Fujimori el 2021. Tampoco, el haber sido gobierno, poniendo en riesgo los privilegios acumulados por la Mafia que hoy gobierna. Y, finalmente, porque con su discurso o el de alguno de sus colaboradores, despertó el sentimiento y la conciencia de muchos peruanos, aletargada ya por la inicua injusticia y secular desigualdad que agobia a los peruanos. A todo eso se suma, por cierto, su condición de Maestro rural, serrano, indio para más señas.

Hay quienes dicen que no se debe mezclar, el “caso Castillo” con “el caso Vizcarra”. Se trata- dicen- de asuntos distintos y de opciones diferentes. Y es verdad, pero ambos tienen en común elementos básicos: Los dos han despertado la ira de la Mafia y han sido víctimas de la venganza de ella. Y los dos, por la misma causa: por haber cerrado filas contra el fujimorismo y haberse batido con él, cara a cara.
No hay que olvidar, por cierto, que a Vizcarra lo detestan porque cerró filas con PPK el 2016 derrotando a Keiko; porque la dijo No, a la señora K. cuando ejerció la jefatura del Estado; porque disolvió el Congreso el 30 de septiembre del 2018 dejando en la calle a 73 fujimoristas de un total de 130 parlamentarios. Pero, además, porque son conscientes que si lo dejan participar en una nueva elección, aplastará a Keiko y a toda su gavilla. Entonces, hay base para tomarlo en cuenta.

La venganza no tiene que ver con delitos que se adjudiquen a unos u otros; sino más bien con la pantagruélica voracidad de una mafia envilecida y en derrota que lucha por sobrevivir porque sabe que su final está cada día más próximo.

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