(El juicio político allanó el camino para la imposición de un proyecto político y económico que no había sido aprobado en las urnas).

Por Paulo Cannabrava Filho

El juicio político de 2016 no puede entenderse como un episodio aislado. Fue parte de un proceso más amplio de desestabilización institucional, en el que la guerra jurídica, la manipulación política y la guerra híbrida comenzaron a funcionar como instrumentos de lucha por el poder y de imposición de un proyecto económico que no había sido aprobado en las urnas.

Diez años después del golpe de Estado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff es necesario volver a examinar aquellos acontecimientos y comprenderlos dentro de un contexto histórico más amplio.

La guerra híbrida contra las instituciones brasileñas no comenzó en 2016. Se ha estado gestando desde la década de 1990 y, a lo largo de los años, ha adoptado diferentes formas e instrumentos. Entre ellos se encuentra la guerra jurídica: el uso político del sistema judicial y los mecanismos legales para perseguir, debilitar o eliminar a los adversarios.

La destitución de Dilma fue un momento decisivo en este proceso. No existía ninguna acusación de corrupción o enriquecimiento personal contra la presidenta que justificara su destitución. Lo que presenciamos fue la transformación de una crisis política en un instrumento para interrumpir un mandato obtenido democráticamente en las urnas.

La sesión de la Cámara de Diputados que autorizó la continuación del proceso de destitución sigue siendo una de las imágenes más vergonzosas de la historia reciente del Parlamento brasileño.

Fuimos testigos de un auténtico espectáculo de horrores. Los representantes justificaron sus votos en nombre de Dios, la familia, los niños, las madres y toda clase de razones que nada tenían que ver con el tema legal en cuestión.

Fue durante esta sesión que Jair Bolsonaro, entonces diputado federal, dedicó su voto a la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, agente de la represión durante la dictadura militar y reconocido judicialmente como torturador. La provocación tuvo un significado especial: Dilma Rousseff había sido encarcelada y torturada durante la dictadura. Militante de una organización que se enfrentó al régimen, si bien no participó directamente en acciones armadas, sufrió personalmente la violencia del aparato represivo.

Décadas después, durante el proceso para destituirla de la Presidencia, un parlamentario honraba precisamente a un símbolo de ese sistema de tortura.

Existe otro hecho indispensable para comprender la naturaleza política del juicio político. Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados, aceptó la solicitud contra Dilma el 2 de diciembre de 2015, pocas horas después de que el PT (Partido de los Trabajadores) anunciara que votaría a favor de la continuación del proceso contra Cunha en la Comisión de Ética. La coincidencia entre ambos eventos puso de manifiesto, de forma contundente, el clima de chantaje y negociación política en el que se desarrolló el juicio político.

Tras la destitución de Dilma, Michel Temer asumió la presidencia, ya que había sido elegido vicepresidente en la misma candidatura. Sin embargo, el programa que comenzó a implementar representó una ruptura con el que había recibido el voto de los brasileños en 2014. La orientación económica cambió, la política social cambió y la relación entre el Estado y el capital cambió. El vicepresidente elegido para formar parte de un proyecto terminó liderando otro.

Esta es una de las características fundamentales de ese golpe de Estado: no se trataba solo de destituir a un presidente. Se trataba de sustituir, sin nuevas elecciones, el programa elegido en las urnas por otro, guiado por los intereses del gran capital, especialmente el capital financiero, y por una política exterior nuevamente subordinada a los intereses de Estados Unidos.

Por eso, diez años después, hablar de juicio político exige hablar de guerra jurídica y guerra híbrida. Las democracias contemporáneas no solo se ven amenazadas por tanques en las calles o cuarteles rebeldes. Existen golpes de Estado que mantienen la apariencia de legalidad, utilizan las instituciones existentes, movilizan a los medios de comunicación, sectores del poder judicial, intereses económicos y fuerzas políticas para producir resultados que serían difíciles de obtener mediante el voto popular.

Brasil necesita comprender esta experiencia para evitar que se repita. Defender la democracia no significa simplemente defender las elecciones periódicas. Significa defender la soberanía del voto, impedir que se utilicen mecanismos institucionales para subvertir la voluntad popular y, sobre todo, reconstruir un proyecto de desarrollo nacional soberano, democrático y socialmente justo. Sin soberanía nacional, la democracia misma sigue siendo vulnerable.

rmh/pcj