Los avances que ha tenido la Mesa Única del Diálogo en Penonomé se ven amenazados por intentos –solapados unos y evidentes otros– de revertirlos. La Gran Alianza Nacional, que representa a algunas empresas privadas, se opone a los acuerdos sobre los combustibles, la canasta básica y los medicamentos.
Uno de los mencionados intentos es la trasnochada acusación de que las organizaciones populares obedecen a una conspiración “comunista”, aupadas desde entidades internacionales cuando no de los ya clásicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
A los dueños del poder les decimos que en China y Rusia se hacen profundas transformaciones tanto del capitalismo como del socialismo y que en nuestra región tenemos derecho también a una mejor sociedad, sin que ello suponga un incendio ideológico.
Es verdad que hay comunistas o socialistas en Panamá como en todas partes, pero la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO), la Alianza del Pueblo por la Vida y la Comarca NgäbeBuglé y Campesinos actúan de común acuerdo y no son comunistas ni marionetas sino la verdadera representación del pueblo, que ya se cansó de tanta hambre, engaño, corrupción y desigualdad social, generados por una gavilla de ricos y engreídos y una “burrocracia” incompetente y farsante.
La empresa privada o, mejor dicho, la “república de los primos”, maniobra pública y privadamente contra la Mesa Única del Diálogo entre el pueblo y el gobierno y se opone a rectificaciones en el sistema porque no quiere que nada cambie.
De tal suerte, encontramos que mueven a sus adláteres, fichas y compinches, tanto de círculos políticos como en los medios “de comunicación” para que desacrediten o descalifiquen a los dirigentes sociales, sean éstos educadores, estudiantes, campesinos o indígenas.
Las organizaciones de la empresa privada exigen un asiento en la Mesa Única de Penonomé, como si tuvieran los mismos derechos que el pueblo organizado.
Pero el tema de que se trata hoy no es de política exterior, que exija la representación del interés nacional, en el que se consulten los intereses de todas las clases sociales.
Hoy se trata de la relación pueblo-gobierno: es un tema interno en el cual la empresa privada “no tiene vela en ese entierro”, ya que es justamente el rol de la empresa privada el que está en el candelero, el que está “en veremos”, el que está siendo cuestionado.
Darle un asiento a la empresa privada es jugar sucio, puesto que es obvio que el gobierno de hecho los representa institucionalmente contra viento y marea al ser el pilar del modelo neoliberal. De darles un asiento a la empresa privada, ésta contaría con dos voceros, y el pueblo, con uno. Que el gobierno no tenga voceros competentes es harina de otro costal.
Pero aún en un tema de política exterior, el gobierno no está obligado a incluir a un representante de la empresa privada. En las negociaciones con Estados Unidos, valga un ejemplo, no tenían cabida representantes de la empresa privada, aunque no faltaron algunos de sus amanuenses.
El canciller Juan Antonio Tack, quien duró seis años en el cargo (1972-1977), no representó a la empresa privada. Si tal cosa hubiese ocurrido, jamás hubiésemos tenido el Tratado del Canal, menos la vía interoceánica.
¿Por qué entonces no y ahora en Penonomé sí? Que la Gran Alianza Nacional le hable al oído del presidente LaurentinoCortizo es su privilegio, pero ello no les da derecho alguno para sabotear los acuerdos ya aprobados.
rm/jy
