Por Frei Betto

En las últimas décadas, el mundo se ha enfrentado a un fenómeno económico paradójico: la producción mundial de riqueza aumenta considerablemente, pero su distribución se vuelve cada vez más desigual.

La acumulación de riqueza en manos de una minoría privilegiada suscita preocupación. Basta señalar que el uno por ciento más rico de la población mundial (80 millones de personas) posee dos tercios de la riqueza total del planeta. Esta enorme desigualdad no es solo una cuestión moral; representa un obstáculo para el desarrollo sostenible, la cohesión social y la estabilidad política.

El avance tecnológico, la globalización y la expansión de los mercados financieros han contribuido a un crecimiento económico sin precedentes en muchos países. Sin embargo, los frutos de este progreso se reparten de manera desigual. Esta concentración se ve alimentada por sistemas fiscales regresivos, exenciones impositivas para las grandes fortunas, paraísos fiscales y estructuras empresariales que priorizan los beneficios de los accionistas sobre los trabajadores y la sociedad. Por lo general, las personas más adineradas ven crecer sus fortunas gracias a las rentas del capital, mientras que los trabajadores pobres dependen del empleo asalariado o del trabajo informal, a menudo mal remunerado e inestable.

Esta desigualdad flagrante afecta directamente la calidad de vida de la mayor parte de la población. Se asocia con peores resultados de salud, una educación deficiente, un aumento de la violencia y una movilidad social limitada. Cuando una parte significativa de la población carece de acceso a recursos básicos, oportunidades o representación política, se instala un círculo vicioso de pobreza y  exclusión.

Los economistas advierten que la desigualdad socava el propio crecimiento económico. Las sociedades más igualitarias tienden a ser más estables y productivas. Cuando los ingresos se distribuyen de manera más equitativa, aumentan el consumo, la innovación y la inversión en capital humano. Por el contrario, una concentración excesiva de ingresos reduce la demanda agregada y limita el potencial de desarrollo.

Otro factor que contribuye a la desigualdad es la transformación del mercado laboral. La automatización y la digitalización favorecen a los trabajadores altamente cualificados y a los propietarios de capital tecnológico, al tiempo que precarizan los empleos de baja  cualificación. El trabajo informal, los contratos temporales y la «uberización» de las relaciones laborales se están extendiendo, a menudo sin una protección social adecuada.

Las grandes empresas tecnológicas- las llamadas «Big Tech»- se han convertido en símbolos de esta nueva economía, concentrando una inmensa riqueza y poder político. Sus fundadores acumulan miles de millones mientras millones de trabajadores se enfrentan a la inseguridad económica.

En este contexto, el papel del Estado es crucial para corregir las distorsiones del mercado. Las políticas públicas progresistas- como  gravar las grandes fortunas, combatir la evasión fiscal, invertir en educación y sanidad públicas, garantizar un salario digno y ofrecer una protección social integral-son herramientas esenciales para reducir la desigualdad.

Ciertos países nórdicos, como Finlandia e Islandia, demuestran que el crecimiento económico y la justicia social pueden ir de la mano.

Mediante sistemas fiscales progresivos y servicios públicos de calidad, logran mantener altos niveles de bienestar y bajos índices de  desigualdad. Estos modelos demuestran que la equidad no es enemiga del crecimiento, sino una condición para fortalecerlo.

La desigualdad no es solo un asunto interno de cada país; es un desafío global. Las cadenas de suministro transnacionales, el sistema financiero internacional y los flujos de capital afectan directamente la distribución de la riqueza, tanto entre naciones como en el interior de las mismas. Por ello, se requiere un esfuerzo coordinado entre las naciones para crear mecanismos de gobernanza global más justos, tales como la regulación de las redes digitales y de los paraísos fiscales, la cooperación fiscal internacional y el fomento del desarrollo sostenible.

El crecimiento de la riqueza mundial, lejos de beneficiar a todos, ha agudizado las disparidades sociales y económicas. La concentración de la riqueza en pocas manos debilita la democracia, erosiona la confianza en las instituciones y obstaculiza la creación de sociedades  más justas e inclusivas.

Esta disparidad demuestra que la democracia, tal como la conocemos hoy, es una falacia. ¿Cómo puede justificarse si la democracia política, fundada en el sufragio universal, no se complementa con una democracia económica?

Todos votan, pero no todos comen.

Ante esta contradicción, la humanidad se enfrenta a dos alternativas: el reparto de la riqueza- el socialismo- o la concentración del poder- la autocracia plutocrática, donde el poder político reside en manos de quienes ya ostentan el poder económico. Esta última tendencia se está extendiendo en el contexto actual.

Combatir la desigualdad no es solo un imperativo ético, sino una necesidad urgente para garantizar un futuro más equilibrado, inclusivo y sostenible para todos.

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