Por Luis Onofa

Ecuador entra este 24 de mayo en el último año del actual ciclo constitucional (2021-2025), antesala de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo, marcado por un divorcio de facto de la población por cuenta de los gobiernos que se han sucedido en ese lapso.

Las demandas de la ciudadanía, que chocan con las restricciones financieras postuladas por el vigente neoliberalismo, se tradujeron en persistencia del desempleo, subempleo, migración, aguda concentración de la riqueza, inseguridad y deterioro de los servicios públicos. Todos estos hechos provocaron desencanto y descontento popular, y sacudones políticos que han demacrado el rostro del país.
La manifestación popular más visible de la actual crisis política que afecta a Ecuador fue la movilización indígena y urbana de junio de 2021, a pocas semanas de que Guillermo Lasso (2021-2023), propietario de uno de los bancos más conocidos del país, se posesionara como presidente y a pocos meses de su estrecha victoria electoral sobre la Revolución Ciudadana.

Esas protestas y las tensas relaciones del gobernante con la legislatura provocaron el fin anticipado de su mandato, por propia iniciativa suya, mediante convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas, en 2023, cuando estaba a punto de ser destituido por la Asamblea Nacional, en un juicio político por peculado, en un momento en que su popularidad había caído al 14 por ciento. Su sucesor, Daniel Noboa, vinculado a la mayor exportadora de banano del país, al igual que Lasso, afronta una caída de la confianza ciudadana desde más del 80 por ciento a comienzos de su mandato, en noviembre de 2023, hasta el 50 por ciento en abril pasado.

Las tensiones y la inestabilidad política no son nuevas. Han sido el denominador común de los últimos siete años de hegemonía neoliberal en el país. El deterioro de la confianza popular también afectó a Lenin Moreno (2017-2021), antecesor de Lasso y Noboa, quien terminó con una popularidad de menos del 10 por ciento, y estuvo a punto de sucumbir ante las protestas indígenas y urbanas de octubre de 2019, de no haber sido por el apoyo policial, militar y de los grupos de poder político y económico, principalmente de Guayaquil, el mayor centro de comercio de exportación del país, que de esa manera frenaron el avance popular.

Esos episodios han ido de la mano de la desconexión de esos gobiernos con las demandas populares de empleo, seguridad, servicios públicos de calidad y equitativa distribución de la riqueza. En su lugar, los gobernantes optaron por ajustar la inversión y el gasto público, con el aval del Fondo Monetario Internacional, para garantizar el pago de la deuda externa, pese a lo cual, ésta ha aumentado de manera constante y ahora bordea los 80 mil millones de dólares, equivalentes al 67 por ciento del producto interno bruto del país.
A las restricciones financieras del Estado se añadió en 2024 la carga de tributos adicionales sobre toda la población, cuyo monto, según el gobierno, se destinará a la lucha contra el narcotráfico. El resultado de esa política es el estrangulamiento de la economía, de acuerdo con analistas de la economía.

En 2024, la economía de Ecuador permanecerá estancada o experimentará un retroceso. El Banco Central del Ecuador estima que crecerá uno por ciento, pero algunos organismos financieros internacionales calculan que frisará décimas debajo de ese punto.
Semejante parálisis tiene efectos sociales. Ecuador no logra reducir el desempleo y subempleo en la magnitud que la gravedad del problema lo amerita. En 2023, cerca del 64 por ciento de la población en edad de trabajar se encontraba desempleada o subempleada o en labores sin remuneración, y apenas el 36 por ciento registraba un trabajo remunerado, según cifras oficiales.

El problema afecta de manera intensa a los jóvenes en edad de trabajar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al tercer trimestre del 2023, el 24,1 por ciento de jóvenes entre 18 y 29 años no trabajaba ni estudiaba.

El crimen organizado recluta en esos estratos y en los adolescentes que desertan de la educación formal en los barrios marginales para formar las bandas que a diario cometen asesinatos en los propios suburbios urbanos pobres del país. La estrategia gubernamental de sacar a las calles a la policía y a las fuerzas armadas para combatirlas, con apoyo logístico de Estados Unidos, ha logrado resultados insuficientes para la gravedad del problema. Rastreo marítimo con apoyo de Estados Unidos.

Investigaciones del INEC revelan que la pobreza por ingresos a nivel nacional, en diciembre de 2023 se ubicó en 26 por ciento y la pobreza extrema, en 9,8 por ciento. Otros estudios develan que Ecuador es un país donde el 1,3 por ciento más rico de la población concentra el 50,2 por ciento de la riqueza, mientras el 32,4 por ciento más pobre, el 2,9 por ciento; los vulnerables, el 12.8 por ciento, y los estratos medios, el 34,1 por ciento.

Los ecuatorianos irán a elecciones presidenciales y legislativas en febrero próximo, con ese escenario conflictivo de por medio. Hasta el momento, el único candidato seguro es el actual mandatario, Daniel Noboa. El gobernante confesó sus aspiraciones a la reelección, apenas hubo ganado los comicios de octubre del año pasado. Lo hizo, con la aureola de su juventud, imagen que los medios masivos se encargaron de amplificarla, por encima de su condición de integrante de una de las corporaciones más ricas del país, dedicada a la exportación de banano.

Sin embargo, a medida que los agudos problemas estructurales del país permanecen irresueltos, los propios círculos de poder político, económico y mediático de Ecuador han comenzado a expresar desencanto. Lo propio ocurrió respecto de sus antecesores Guillermo Lasso y Lenin Moreno. Este último, después de haber llegado al gobierno con el respaldo de la que hoy es Revolución Ciudadana, dio un viraje a la derecha, y con ello inauguró un ciclo hegemónico de esa tendencia que dura ya siete años, lapso en el que no se ha resuelto ninguno de los problemas estructurales del país.

Ello lleva a algunos consultores políticos liberales a confesar que ese vacío alimenta la añoranza popular de los diez años de gobierno progresista (2007-2017) que experimentó el país.

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