Por Andrés Mora Ramírez*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina
“¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina!”. Con esas palabras, el ex presidente hondureño Manuel Zelaya recordó y se lamentó de los hechos que rodearon el golpe de Estado de que fue víctima en 2009, que -desde su perspectiva- marcó el inicio de la restauración neoliberal o conservadora en nuestra región.
En una entrevista publicada recientemente en el diario Página/12, Zelaya sostuvo: “este retorno de las derechas agresivas y reaccionarias de América Latina no es coyuntural. Es una respuesta planificada desde Washington por fuerzas que sintieron que estaban perdiendo espacios”.
Además de en Honduras, se llevó a cabo en Paraguay contra Fernando Lugo y en Brasil contra Dilma Rousseff, con proyecciones y variantes en otros escenarios y procesos políticos.
“La restauración conservadora lleva conspiración. Combina ataques mediáticos, fuertes engaños publicitarios y fraudes electorales. La restauración es violenta. No es pacífica, ni democrática”, explicó el derrocado mandatario y actual dirigente del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Los acontecimientos de los últimos años en Centro y Suramérica -y particularmente en Brasil, con un desarrollo acelerado en las últimas semanas- proporcionan claves de interpretación del nuevo momento histórico que vivimos, luego de tres lustros de avances del campo popular y de las fuerzas políticas y gobiernos que adhirieron (cual más cual menos) un ideario en el que destacaron, entre otras banderas, las del antiimperialismo y la integración regional, la soberanía y la autodeterminación, la independencia y la búsqueda de alternativas de superación del neoliberalismo.
Los golpes de Estado de nuevo patrón, o golpes blandos -perpetrados desde los parlamentos y revestidos de seudolegalidad por instancias judiciales sometidas a los poderes fácticos y a intereses extranjeros-, así como el recrudecimiento de las maniobras de desinformación y las estrategias de manipulación de la opinión pública, que engrosan el repertorio de la guerra mediática en nuestra región, son las principales armas de la restauración neoliberal.
Sin ir más lejos en la búsqueda de ejemplos, la Red O’Globo, la más influyente y poderosa cadena de medios de comunicación de Brasil -crecida y fortalecida al amparo de la dictadura- recién admitió que utilizó información “imprecisa” en sus coberturas periodísticas sobre la presunta existencia de cuentas off shore, a nombre de Lula da Silva y Dilma Rousseff, para recibir dinero de sobornos.
Ni O’Globo ni los fiscales que llevan adelante la investigación han presentado una sola prueba que sustente las acusaciones contra ambos expresidentes: una falsedad en todos sus extremos, utilizada como arma política -reproducida hasta el hartazgo y con mala intención en medios hegemónicos dentro y fuera de Brasil-, que dio ínfulas y “argumentos” al oprobioso proceso de impeachmen contra Rousseff. Tal es el modus operandi de la ofensiva restauradora.
La articulación mafiosa entre los grupos mediáticos -o cartelizados- y el llamado partido judicial, que no es sino la cooptación por parte de la derecha de uno de los poderes claves en la estructura republicana -llamado a ser garante del respeto a las condiciones mínimas que hacen viable la convivencia en sociedad-, se nos revela como uno de los principales peligros para la construcción de democracias reales, profundas y plenas, y no los artificios funcionales de las élites y sus aliados como ha sido la triste tradición en una gran mayoría de nuestros países. No son pocos los riesgos a los que nos enfrentamos.
Como bien explica el periodista Martín Granovsky, “el itinerario de la justicia y el denuncismo periodístico, como poder moral superior” conforman el ariete utilizado para “producir lo peor de la democracia, que es dejarla a cargo de empresarios disfrazados de benefactores públicos”.
¿Cómo enfrentarán las izquierdas esta alianza? ¿Qué tipo de democracias se pueden construir bajo la tutela de los partidos mediático y judicial? ¿Son viables los procesos de cambio que no se propongan disputar la hegemonía cultural y confrontar directamente a los poderes fácticos? ¿Puede coexistir un proyecto emancipador con la presencia de actores de esos poderes fácticos enquistados en el seno de las instituciones del Estado?
Este es un debate que no podemos obviar si queremos dejar definitivamente atrás la farsa de las democracias controladas en la sombra; en particular ahora, cuando crujen los engranajes de una ofensiva restauradora cuya continuidad política se acompaña de signos de interrogación y que -como ya lo han advertido distintos intelectuales- en el caso brasileño podría abrir grietas peligrosas a una nueva irrupción del factor militar como protagonista de la vida política en nuestra América.
ag/am
