Por Andrés Mora Ramírez*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

Las armas de la restauración neoliberal se mantienen activas y bien afiladas para marcar el ritmo del avance del giro político a la derecha, especialmente en el sur de nuestra América, región devenida nuevamente laboratorio social del neoliberalismo.

Tales armas son la profundización del libre comercio y la integración del capital transnacional y transregional; políticas de austeridad fiscal, ajuste estructural y militarización de la sociedad, como respuesta represiva de contención del malestar ciudadano; y despliegue sistemático del llamado lawfare como estrategia de guerra híbrida -según lo explican Silvina Romano y Arantxa Tirado- para forzar cambios de gobierno y criminalizar a dirigentes políticos y sociales críticos del sistema dominante.

Hechos recientes así nos lo confirman. En México, la cumbre de jefes de gobierno de la Alianza del Pacífico (AP) suscribió una declaración conjunta con la presidencia pro tempore del Mercosur, que recae en el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, en la cual ratifican la intención de iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo comercial entre ambos bloques, en lo que consideraron “una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el libre comercio”.

Este acercamiento entre dos iniciativas que hasta hace dos lustros mantuvieron visiones antagónicas, en tanto una, la AP, apostaba por una integración subordinada a los intereses de los Estados Unidos; y la otra, el Mercosur, intentaba articular una perspectiva mucho más independiente y centrada en intereses latinoamericanos-particularmente con los gobiernos del PT en Brasil y el Frente para la Victoria en Argentina-, debe entenderse en el marco más amplio del desmontaje de la arquitectura de la integración nuestroamericana, como quedó en evidencia con la desbandada de gobiernos neoliberales de la Unasur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay), anunciada el pasado abril cuando Bolivia asumió la presidencia del organismo.

Paralelamente, y tras recibir la bendición del Fondo Monetario Internacional al modelo económico -que impone a base de decretos, tarifazos y el pesado fardo de un nuevo endeudamiento por 50 mil millones de dólares-, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina promulgó el decreto 683 de reforma a las Fuerzas Armadas, que permitirá la participación de los cuerpos militares en acciones de seguridad interior y lucha contra el terrorismo.

Una medida que ha sido repudiada por organizaciones de derechos humanos  como Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que considera que esta decisión “nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior”; así como por Abuelas de Plaza Mayo que, en palabras de Estela de Carlotto, para quien el decreto en cuestión supone la reactualización de la doctrina del enemigo interno y el regreso a “un pensamiento que estamos reparando en esta democracia”.

Los dos casos que aquí presentamos tienen un punto de convergencia: ambos evidencian los mecanismos mediante los cuales el mercado y sus premisas ideológicas -cuasi dogmas de fe para sus defensores- colonizan una vez más las esferas de lo social y de lo político, recuperando así espacios de poder y de influencia cultural que habían sido conquistados por el giro democratizador, de acento nacional-popular, de la primera década del siglo XXI latinoamericano.

La concepción de la democracia como proceso diverso, complejo y participativo de disputa cultural por la construcción de los sentidos y orientaciones de la organización social, así como por la definición de las formas y finalidades del ejercicio del poder, fue una idea central en las dinámicas sociopolíticas que, a partir de la asunción de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, en 1999, posibilitaron en América Latina un conjunto de experiencias innovadoras de profundización de la participación política y de ejercicio del poder popular, mediante diversos instrumentos consultivos (referéndums, plebiscitos, revocatorios de mandato), como no se había hecho hasta entonces.

Ese legado, que trasciende la discusión sobre los resultados económicos de los llamados gobiernos progresistas, y que representa un salto cualitativo en la forma de entender la democracia y de participar en ella, es lo que se encuentra en riesgo de perderse en la actual ola regresiva de la cual, si no hay una respuesta social mucho más organizada y contundente, nos tomará muchísimo tiempo salir, como ya sucedió con el ciclo político-militar-neoliberal que se extendió por América Latina tras el golpe de Estado perpetrado en Chile en 1973.

ag/amr