Por Andrés Mora Ramírez*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

Sin cumplir todavía su quinto mes de gobierno, el presidente Carlos Alvarado enfrenta una compleja crisis económica, política y social, como resultado de la resistencia de la sociedad civil organizada ante el trámite legislativo del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580).

Esta iniciativa comprende un conjunto de medidas y reformas con las que el Poder Ejecutivo pretende hacer frente al agobiante déficit fiscal (estimado para 2018 en 7,2% del PIB), pero a la que se critica, entre otras cosas, su carácter regresivo, el debilitamiento de los controles contra la evasión de impuestos; la lógica de austeridad neoliberal que impone por medio de la llamada «regla fiscal» -que limita el gasto, contrae al sector público y podría provocar de facto una reforma del Estado- y, en definitiva, sus magros alcances para enfrentar problemas estructurales de la economía costarricense.

Tras más de una semana de huelga convocada por los sindicatos del sector público, a la que se sumaron diferentes movimientos sociales; con varios incidentes de represión policial por medio -y afectaciones en la prestación de servicios de educación, salud, transporte y abastecimiento de combustible, entre otros-, el 19 de septiembre el gobierno y los manifestantes finalmente abrieron un espacio de negociación preliminar, cuyos resultados son inciertos dada la desconfianza de las organizaciones sindicales sobre las  reales intenciones de diálogo y apertura para la búsqueda de consensos por parte del Poder Ejecutivo.

Desconfianza que se alimenta del comportamiento asumido por el gobierno en estos pocos meses de gestión. El joven mandatario de 38 años, que arrasó en la segunda ronda electoral el pasado 1 de abril (obtuvo el 60,66% de los votos), parece empeñado en conseguir la aprobación del proyecto de ley y, para ello, ha desplegado enormes esfuerzos de convencimiento entre la población, mediante costosas campañas de comunicación.

Paradójicamente es en la sociedad civil donde la llamada reforma fiscal encuentra los principales detractores; no así en la Asamblea Legislativa, conformada abrumadoramente por un espectro diverso de expresiones de la derecha (unas más moderadas que otras) y el neopentecostalismo.

Dócil a la ortodoxia neoliberal que impera en el equipo económico de su gabinete,  a la que abrió puertas en virtud de las alianzas para ganar la presidencia, Alvarado se ha mostrado obcecado; soberbio y reticente, por momentos, al reconocimiento de la pluralidad de voces políticas y sociales que participan en el actual debate, así como a las alternativas otras de justicia fiscal planteadas por sindicatos, partidos políticos y académicos.

Es verdad que el problema fiscal es una pesada herencia de varios gobiernos neoliberales (incluido el oficialista Partido de Acción Ciudadana, entre 2014 y 2018, del que Alvarado fue ministro), pero las soluciones propuestas no rompen con esa inercia. El presidente juega todas sus cartas a la aprobación del paquete de impuestos y a una supuesta recuperación de la economía, que nadie se atreve a vaticinar por dónde empezará ni cuándo.

En suma, un acto de fe ciega en las leyes del mercado, devenidas dogmas, y que también se esgrime como arma política para ablandar oposiciones. Algo que vimos a finales del mes de agosto cuando la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a propósito de los cambios al proyecto original introducidos por los diputados en el ejercicio de su derecho de enmienda, advirtió a los legisladores, y a todo el país, que por esa vía la reforma dejaría de ser «una distribución de sacrificios» para convertirse «en una distribución de dolor».

Más allá de esa retórica agresiva e intimidante, lo cierto es que ni el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos, ni los analistas y opinadores del establishment, han logrado desmentir un hecho incuestionable: que, incluso aprobándose en su versión original, el proyecto 20.580 será insuficiente para una solución de largo aliento al problema estructural de las finanzas públicas.

Como lo explica el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED , Luis Paulino Vargas, en un artículo de su blog personal, la nueva ley «tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB», por lo cual -para hacer frente a sus obligaciones- la administración Alvarado tendría que buscar nuevos endeudamientos con organismos financieros internacionales (se habla de un eventual préstamo de $1,000 millones de dólares del BID), mediante la colocación de bonos de deuda en el extranjero.

Para Vargas, «el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza”.

“O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento de extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya frágil, lo cual repercutirá en que, a la postre, los nuevos recursos que se recauden sean menos de los previstos y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores de lo esperado».

Con o sin la aprobación del proyecto de ley de reforma fiscal, lo cierto es que nos encontramos a las puertas de un ajuste neoliberal de consecuencias imprevisibles para el futuro de la sociedad costarricense.

Los tecnócratas de la administración Alvarado hablan de evitar la «distribución de dolor», pero la metáfora encubre de mala manera los peligros mayores que se ciernen sobre el país: la profundización de la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza, que han venido erosionando los cimientos del modelo de bienestar construido por el Estado costarricense desde la segunda mitad del siglo XX hasta casi decretar su inviabilidad financiera, y que ahora, además, están minando las bases de la convivencia democrática.

Lejos de vislumbrase una solución en el horizonte cercano, la crisis que hoy crispa y polariza a distintos sectores de nuestra sociedad augura una época de definiciones, disputas y transformaciones que, por el momento, no garantizan la reproducción y sostenibilidad en el tiempo de las conquistas sociales que perfilaron el clima de paz social,  estabilidad y oportunidades, que han caracterizado a Costa Rica en el contexto centroamericano y latinoamericano.

ag/amr