Por Frei Betto

Lula inició su cuarta campaña a la presidencia de Brasil en el estadio Vila Euclides, en São Bernardo do Campo, escenario de las históricas asambleas de los metalúrgicos a finales de los años 70 y principios de los 80. A punto de cumplir 81 años, busca su cuarto mandato, repitiendo por segunda vez la fórmula electoral junto a Geraldo Alckmin, como su vice-presidente.

Más que una mera formalidad, el evento en São Paulo puso de manifiesto la estrategia de una campaña que intenta equilibrar la defensa de su legado con una mirada atenta a las nuevas demandas del país.

Lula basa la campaña en los logros de su actual gobierno. En su discurso, afirmó que Brasil ha vuelto a crecer, con una economía que supera la marca del tres por ciento, algo que no ocurría desde su primer mandato. La apuesta es que el recuerdo de la prosperidad y el bienestar social del ciclo de inclusión de los años 2000, combinado con acciones recientes, marque la diferencia.

Para el próximo gobierno, Lula presenta prioridades que reflejan un cambio de rumbo respecto a campañas anteriores:

• Educación y atención a las personas mayores: temas de gran impacto social que recuperan la tradición del Partido de los Trabajadores (PT) de implementar políticas de protección a minorías y grupos vulnerables.

• Industria de defensa y soberanía nacional: un cambio de tono significativo. El discurso ha adquirido matices geopolíticos; Lula mencionó la necesidad de estar preparados para evitar una eventual invasión del país.

• Control de las tierras raras: otro punto estratégico inédito. Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de estos minerales, esenciales para la tecnología y la energía limpia. La promesa es garantizar que estos recursos permanezcan bajo control nacional, lo que refleja un enfoque de nacionalismo económico.

• Soberanía y política exterior independiente: Este es el eje central, una respuesta directa a los aranceles y las tensiones con los Estados Unidos. El plan defiende el fortalecimiento de la defensa nacional, la autonomía tecnológica y digital, y el rechazo a los «alineamientos automáticos».

• Revisión del sistema de enmiendas y modernización del Estado: El programa critica las enmiendas parlamentarias (*)- que en 2026 sumaron cerca de 56 mil millones de reales (más de 10 mil 800 millones de dólares)- y las considera una «grave distorsión» en el presupuesto. La propuesta consiste en debatir con la sociedad un nuevo modelo de presupuesto participativo.

• Continuidad con ajustes económicos: Se mantiene el marco fiscal actual, pero el equipo económico estudia entre bastidores un paquete de ajustes para el primer año. Esto incluye revisar los gastos obligatorios, las prestaciones sociales (como el BPC **) y la fórmula de reajuste del salario mínimo, temas considerados sensibles.

• Agenda laboral y social: El plan incluye la promesa de impulsar en el Senado el fin de la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso (escala 6×1) y la reducción de la jornada a 40 horas semanales, además de crear un sistema de protección para los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales.

• Desarrollo y neoindustrialización: La apuesta se centra en la innovación, la IA y los minerales críticos para añadir valor y reducir las vulnerabilidades externas. El enfoque sobre el sector agroindustrial se ha vuelto más estratégico, subrayando su importancia económica para la balanza comercial.

Esta agenda, al combinar lo social con un desarrollo de corte nacionalista, refleja el intento de atraer a votantes más allá de la base tradicional. Abandera causas como la soberanía- en respuesta a la presión externa y al proteccionismo, ejemplificado por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La posibilidad de que Lula sea elegido es uno de los temas candentes de la política brasileña. Las primeras cifras muestran un escenario favorable, aunque desafiante. Los sondeos indican que, tanto en la primera como en la segunda vuelta, Lula aventaja en intención de voto a su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal – PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Este resultado demuestra su fuerza electoral en este momento, especialmente considerando la turbulencia política y la herencia del gobierno anterior.

Más allá de las encuestas, su popularidad actual es un termómetro crucial. Tres factores constituyen el núcleo de la estrategia electoral de 2026:

1. Alivio financiero: el programa de renegociación de deudas «Desenrola 2.0» y el aumento del umbral de exención del Impuesto sobre la Renta (para quienes ganan hasta cinco mil reales, unos 970 dólares) han insuflado ánimo a la clase media y a los sectores más pobres; el 55 por ciento de los brasileños aprueba estas medidas.

2. Cambios laborales: la propuesta de reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales (manteniendo la misma remuneración) goza de popularidad y ha logrado atraer incluso a votantes más conservadores, que ven la medida con buenos ojos.

3. Estabilidad económica: la percepción de una mejora en la economía- impulsada por el crecimiento del PIB y la disminución del pesimismo sobre el futuro- refuerza el relato de que el país ha vuelto a encarrilarse.

Con el inicio de la campaña oficial el 16 de agosto, la ventaja de Lula sobre la oposición- sumada a una estrategia gubernamental centrada en resultados prácticos- se verá reforzada al poner en evidencia a Flávio Bolsonaro. Se recordará a los electores episodios como las irregularidades en la gestión de salarios de sus asesores (rachadinhas***) cuando era diputado estadual en Río; los homenajes que rindió a milicianos y a los asesinos de la concejala Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes; su sumisión a las directrices del gobierno de Trump, y sus vínculos con el exbanquero Daniel Vorcaro- investigado por lavado de dinero y propietario del entonces Banco Master, liquidado por el Banco Central en 2025 debido a un agujero financiero multimillonario causado por la emisión de carteras de crédito falsas y títulos irregulares.

rmh/fb
(*) Las enmiendas parlamentarias son partidas del presupuesto público que diputados y senadores asignan para financiar obras, servicios y proyectos en estados y municipios. Los organismos de control exigen mayor trazabilidad y criterios técnicos en la aplicación y fiscalización de los fondos transferidos.

(**) El BPC (Beneficio de Prestación Continuada) es la garantía de un salario mínimo mensual pagado por el gobierno a personas mayores de 65 años o más y a personas con discapacidad de cualquier edad que acrediten bajos ingresos.

(***) “Rachadinha” es el nombre popular que se da a la apropiación ilegal, por parte de políticos, de una parte o de la totalidad del salario de sus asesores, pagado con fondos públicos. Un político o funcionario público contrata a un empleado para su despacho, y este se ve obligado a devolver una fracción del importe percibido (o incluso el salario completo) al político o a una persona designada por él.