Por Frei Betto

El cuarto mandato de Lula comienza en enero de 2027 con una responsabilidad histórica y una exigencia: transformar las promesas de campaña, especialmente aquellas relacionadas con el ámbito social, en mejoras concretas para la vida de la población.

Si bien los tres primeros gobiernos de Lula dejaron una huella significativa en la reducción de la pobreza, la revalorización del salario mínimo, la ampliación del acceso a la educación y el combate contra el hambre, el nuevo mandato deberá afrontar problemas antiguos que siguen castigando a millones de brasileños. No basta con preservar los logros; es necesario avanzar, corregir deficiencias y hacer frente a las desigualdades estructurales.

La victoria electoral de Lula, en una contienda muy reñida, demuestra que una parte considerable de la población sigue depositando sus expectativas en su proyecto político. Sin embargo, las elecciones también revelaron un país dividido, con demandas sociales que no pueden tratarse simplemente como estadísticas económicas. El desafío consistirá en lograr que el crecimiento del país se traduzca en dignidad, oportunidades y seguridad material para quienes viven de su trabajo, para los jubilados, los pueblos indígenas y los sectores históricamente marginados.

Una de las prioridades deberá ser completar la demarcación de las tierras indígenas. El gobierno actual ha avanzado en esta dirección, con 20 territorios homologados desde 2023 y nuevos procesos de identificación y reconocimiento. No obstante, existen comunidades que llevan décadas esperando el reconocimiento de sus territorios. Demarcar no equivale a conceder privilegios, sino a cumplir con la Constitución, reparar injusticias históricas y proteger las culturas, los modos de vida y el patrimonio ambiental de Brasil.

El próximo gobierno deberá acelerar los procedimientos, garantizar la retirada de los invasores, combatir la minería ilegal y asegurar la protección de los pueblos indígenas, especialmente de aquellos que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. También será necesario hacer frente a la resistencia de sectores económicos y políticos que convierten la cuestión de la tenencia de la tierra en un conflicto permanente.

Otro compromiso que merece especial atención es la creación de un Ministerio de los Adultos Mayores, una posibilidad que se está debatiendo para el nuevo gobierno. Esta iniciativa responde a una transformación demográfica que exige políticas públicas mucho más integrales. Brasil cuenta con 36,3 millones de personas de 60 años o más, y este grupo seguirá creciendo. Envejecer no puede significar una condena a la soledad, la pobreza, la dependencia o la invisibilidad.

Un ministerio específico podría articular políticas en áreas como salud, seguridad social, asistencia social, vivienda, movilidad urbana, cultura y ocio. Sin embargo, su creación solo tendrá sentido si va acompañada de presupuesto, estructura y capacidad de coordinación con los estados y municipios. Será necesario ampliar la atención domiciliaria, los centros de convivencia y los servicios de cuidado, así como reforzar la protección frente a la violencia patrimonial y los fraudes financieros, además de garantizar condiciones dignas para quienes envejecen sin apoyo familiar. Más que un ministerio, Brasil necesita construir una política nacional sobre el envejecimiento.

La Seguridad Social representa otro desafío de enorme envergadura. La reducción de las listas de espera del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) (1), anunciada por el gobierno en 2026, supuso un avance, pero no es suficiente. La concesión de jubilaciones, pensiones y prestaciones asistenciales debe ser rápida, transparente y accesible. Para quienes ya han cumplido el tiempo establecido por ley o han perdido su capacidad laboral, esperar meses por una resolución administrativa puede derivar en hambre, endeudamiento y sufrimiento familiar. Es indispensable invertir en personal, tecnología, peritajes médicos y atención presencial, sin convertir la digitalización en una barrera adicional para las personas mayores y las personas con discapacidad. El derecho previsional no puede depender de la habilidad del ciudadano para navegar por aplicaciones y plataformas digitales.

La reducción de los precios de los alimentos es, tal vez, una de las demandas más inmediatas de la población. Al fin y al cabo, aunque la inflación se mantenga dentro de las metas oficiales, el consumidor percibe la realidad en los mercados, los supermercados y las farmacias. El costo de los alimentos y los medicamentos consume una parte significativa de los ingresos familiares. De nada sirve anunciar el crecimiento del PIB o la caída de ciertos indicadores económicos si el ciudadano sigue teniendo que hacer cuentas para poder comprar arroz, frijoles, leche, carne, frutas y verduras.

El gobierno deberá fortalecer la agricultura familiar, ampliar el acceso al crédito para los pequeños productores, fomentar las cooperativas, mejorar la infraestructura de almacenamiento y transporte, y eliminar los cuellos de botella que encarecen la distribución. Asimismo, deberá optimizar las reservas reguladoras, fortalecer la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y articular políticas que protejan la producción de alimentos frente al cambio climático. Brasil es una potencia agrícola; resulta inaceptable que su capacidad productiva no se traduzca en alimentos asequibles para la población y que, hasta el día de hoy, no se haya llevado a cabo una reforma agraria.

La seguridad alimentaria debe ir de la mano de la revalorización del salario mínimo, la creación de empleos de calidad y el aumento de los ingresos. Programas como Bolsa Família (2) son indispensables, pero no pueden sustituir una política de desarrollo capaz de garantizar un trabajo digno, derechos y autonomía económica. Es necesario combatir la informalidad, la precarización de las relaciones laborales y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Asimismo, debe avanzarse en la reducción de la jornada laboral y en el debate sobre el fin del régimen de seis días de trabajo por uno de descanso (esquema 6×1), teniendo siempre presente la calidad de vida de los trabajadores.

En materia de vivienda, el programa Minha Casa, Minha Vida (3) debe ir acompañado de inversiones en saneamiento básico, urbanización de asentamientos informales, regularización de la tenencia de la tierra y acceso a infraestructura. Entregar viviendas sin garantizar transporte, escuelas, centros de salud y oportunidades laborales equivale simplemente a trasladar la pobreza de lugar. La reforma urbana sigue siendo una deuda social en Brasil.

En el ámbito de la salud, el SUS (Sistema Único de Salud) necesita aumentar su capacidad de atención especializada. Reducir las listas de espera para consultas, exámenes y cirugías, ampliar la atención primaria y garantizar el acceso a medicamentos son medidas fundamentales. La población pobre no puede seguir esperando meses para obtener un diagnóstico, mientras quienes tienen recursos económicos pueden acceder de inmediato a la atención médica.

Tampoco se debe descuidar la educación infantil, la alfabetización a la edad adecuada, la permanencia de los jóvenes en el sistema escolar y la ampliación de la oferta de guarderías gratuitas. La desigualdad comienza mucho antes de la incorporación al mercado laboral. Un niño que crece sin una alimentación adecuada, sin acceso a una educación de calidad y sin condiciones de vivienda dignas tendrá muchas más dificultades para romper el ciclo de la pobreza.

Todos estos compromisos chocan con una cuestión política decisiva: la gobernabilidad. El Congreso elegido para la próxima legislatura probablemente planteará obstáculos a la aprobación de iniciativas sociales, laborales y medioambientales. La disputa por el presupuesto, las enmiendas parlamentarias y la presión de los grupos económicos exigirán capacidad de negociación, pero también claridad programática. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero no puede convertirse en una justificación permanente para postergar derechos e inversiones sociales. Equilibrar las cuentas públicas debe ser un instrumento para sustentar el desarrollo, no un objetivo que se anteponga a las necesidades humanas.

Existe, por tanto, una tarea que va más allá de la administración de programas y la ejecución de políticas sectoriales: reconstruir la confianza de la población en la capacidad del Estado para promover la justicia social. Esto exige transparencia, participación popular, control social del gasto y un diálogo permanente con sindicatos, movimientos sociales, organizaciones indígenas, entidades de jubilados y asociaciones comunitarias.

Lula llega a su cuarto mandato con una trayectoria política singular y la oportunidad de consolidar un legado. Pero la dimensión de ese legado no se medirá por el número de ministerios, discursos o ceremonias de inauguración. Se medirá por la cantidad de brasileños que dejarán de pasar hambre, por la familia que logrará comprar alimentos sin comprometer la totalidad de sus ingresos, por el indígena que finalmente verá su territorio protegido, por el adulto mayor que encontrará amparo, por el jubilado que recibirá su beneficio sin tener que sortear un calvario burocrático, y por el niño que tendrá acceso a una escuela capaz de abrirle nuevos horizontes.

En última instancia, el éxito del cuarto mandato dependerá de una pregunta sencilla: ¿será Brasil un país menos desigual al finalizar el año 2030? La respuesta no vendrá de las promesas, sino de la vida cotidiana de los brasileños. Es en la mesa, en la vivienda, en el trabajo, en la escuela, en el centro de salud y en la garantía de derechos donde la justicia social debe dejar de ser una bandera política para convertirse en una experiencia concreta de ciudadanía.
rmh/fb

(1) El INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) es el organismo federal brasileño responsable del pago de jubilaciones, pensiones, subsidios por enfermedad, y otros beneficios previsionales y asistenciales.

(2) Bolsa Família es el principal programa de transferencia de ingresos del Gobierno Federal de Brasil, creado para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social. Garantiza el pago mensual de una suma de dinero a familias en situación de vulnerabilidad, con un monto mínimo de 600 reales por familia, al que se suman cantidades adicionales según la composición familiar.

(3) «Minha Casa, Minha Vida» es el principal programa habitacional del Gobierno Federal de Brasil, creado para facilitar el acceso a una vivienda propia a familias de ingresos bajos y medios. El programa ofrece subsidios (ayuda financiera del gobierno que reduce el monto total de la deuda), tasas de interés inferiores a las del mercado común y plazos de pago más amplios.